Los Andes

Para el gobierno de Brasil, la construcción e inversión en cinco proyectos hidroeléctricos, entre los que figuran Inambari, Mainique (Urubamba) y Paquitzapango son un tema de Estado, es el propio presidente Lula quien impulsa los acuerdos con el gobierno peruano para su ejecución y se da tiempo para personalmente “ablandar” a los probables candidatos “radicales” a la presidencia del Perú y para que moderen r sus posiciones, ahora ni Ollanta Humala, menos el padre Marco Arana, rechazan frontalmente este proyecto y salen con la mecedoras respuestas de que “hay que esperar el estudio de impacto ambiental”, “se debe convocar a un referéndum” es decir asumen una postura tibia.
El lobbie Brasileño también ha llegado a Puno, la cámara de comercio es una de las entidades que con mayor entusiasmo proclama los benéficos de la central del Inambari. Hace unos días el Colegio de Ingenieros de Puno, emitió un pronunciamiento que no es “ni chicha, ni limonada” ósea ni a favor, ni en contra. Sin embargo, el contundente pronunciamiento del Colegio de Ingenieros del Perú rechazando el proyecto, dejo mal parado al Decano Nicolás Luza, un traspié muy duro para sus aspiraciones de ser candidato al Gobierno Regional. Como telón de fondo la provincia de Carabaya suspendió un anunciado paro, esperando ser mejor informada sobre los alcances del proyecto.
En un año electoral, por su parte los movimientos políticos y candidatos de nuestra región se distraen tanteando posibles alianzas y postergan para más adelante sus propuestas y ofertas electorales. Es decir, que las organizaciones de la denominada sociedad civil, las fuerzas sociales y políticas, están concentradas en evaluar, en informarse, sobre los “pro” y “contras” del proyecto, en algunos casos emitiendo ambiguos y tímidos pronunciamientos.
Para todos ellos, la gran noticia es que el Gobierno del Presidente Alan García Pérez, ha tomado la decisión política de ejecutar el proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari “cueste lo que cueste”, no está interesado en convencernos de sus beneficios, de persuadir a la población afectada para que acepte las reubicaciones y compensaciones, esa es una etapa que para el ejecutivo quedo atrás.
Una clara señal, es que el poder ejecutivo presentó, con fecha 4 de Febrero del presente año, ante el Congreso de la República un proyecto de ley para facilitar el proceso de desplazamientos forzados de población, cuando se trate de proyectos de desarrollo de considerados por el propio gobierno de “interés público o primordial”.
La propuesta legislativa pretende modificar el artículo 8 de la Ley 28223 sobre desplazamientos forzados e incorporar un inciso a fin de resolver con la mayor “celeridad posible” la calificación de los promotores o ejecutores de proyectos denominados de interés público.
Este proyecto de ley se presenta en el contexto en el que el gobierno promueve proyectos energéticos y de infraestructura como las centrales hidroeléctricas con Brasil, entre ellas la central hidroeléctrica del Inambari.

Si bien el artículo 8.3.c señala la necesidad de que en el caso de pobladores de comunidades nativas y campesinas “se cumplirá lo dispuesto por las normas nacionales e internacionales” Esto no se aplicaría en el caso de la central Hidroeléctrica del Inambari, en razón de que la población afectada no es nativa, sino migrante, originaria de otras zonas y regiones.
Más aún cuando en el inciso propuesto se señala que “las entidades correspondientes adecuarán los procedimientos que fuesen necesarios, de manera que las solicitudes de calificación presentadas por los promotores o ejecutores de aquellos proyectos sean resueltas con la mayor celeridad posible”.
De aprobarse este proyecto de ley, Electrobras, empresa promotora de la construcción de la central Inmabari, ya no tendrá que preocuparse o molestarse por realizar el proceso de consulta. Simplemente esperara que el gobierno central declare el proyecto de “interés público” y le otorgue todas las licencias, permisos para iniciar la obra y hasta el apoyo de la fuerza para el desalojo forzado y compulsivo de la población.
El proyecto suscrito por el Presidente Alan García Pérez y el Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén, consta de solo dos artículos y ha solicitado su trámite ante el Congreso con el carácter de urgencia.
La referida, Ley 28223 establece que en caso de proyectos de desarrollo a gran escala se podrá realizar desplazamientos forzados siempre que estén justificados por un interés público superior o primordial.
Artículo 8.- Del desplazamiento… ” 8.4. Si el desplazamiento se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial, la autoridad competente para autorizar dicho desplazamiento será el titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES
Para tal efecto, tendrá en cuenta, además de los preceptuado en los incisos anteriores del presente artículo, que el Titular del Sector del Estado afín a la actividad principal de dichos proyectos haya otorgado la calificación respectiva, para lo cual las entidades correspondientes adecuarán los procedimientos que fuesen necesarios, de manera que las solicitudes de calificación presentadas por los promotores o ejecutores de aquellos proyectos sean resueltas con la mayor celeridad posible.
De todos los proyectos, la central de Inambari es el más avanzando, la empresa brasileña ha iniciado los estudios de viabilidad y está en proceso de obtener la concesión definitiva para iniciar su construcción en el primer semestre del presente año.
Este proyecto una vez convertido en ley, tratara de evitar que la población se movilice y proteste como lo ha venido haciendo hasta ahora y dar “carta blanca” al capital brasileño para que ejecute la obra en un ambiente social apaciguado por la fuerza y coacción.

Este proyecto es considerado inconstitucional, puesto que obvia la consulta previa a las poblaciones nativas como lo establece el Convenio 169 de la OIT, aprobado en el año 1993, que es vinculante para nuestro país, borrando de un plumazo el proceso de consulta previa, para la ejecución de los proyectos de inversión y desarrollo. La ley actual establece que en el caso de desplazamientos de población que no es ocasionado por situaciones de violencia, debe ser consultado a la población y adecuadamente informado para proceder al mismo, lo cual no se haría, de aprobarse el proyecto.
Con esta solapada intención lo que el gobierno de Alan García demuestra es que se agoto la etapa del diálogo y negociación y que la decisión de ejecutarlo es un hecho, no interesa si se hace por la fuerza. Eso debieran comprenderlo el Gobierno Regional, la Sociedad Civil y todos los que quieren detener la edificación de la gigantesca represa para la proyectada gigantesca hidroeléctrica de Inambari, que creara un lago de 412 km2, arrasando con todo lo que se encuentre dentro del área de inundación (aldeas, caminos, infraestructura, campos, flora nativa, fauna.
Esta laguna artificial, también ahogara la transoceánica como una de las vías más cortas, disminuirá la zona de amortiguamiento de la reserva Bahuaja Sonene y se llevara los sueños y el proyecto de vida de miles de familias. El momento de las declaraciones y pronunciamientos tibios, ya paso, es la hora de las decisiones, tomar posesión y comenzar actuar.