Los Andes

Humala continúa estrangulando lentamente a la minería artesanal, atacando una después de otra a toda la cadena productiva. No entiende que la formalización de esta actividad beneficiará al país y generará de refilón cantidades importantes de trabajo para los peruanos. Agonizan las ciudades que dependían de esta actividad, especialmente Nasca (por no salir a las luchas en los últimos tres años), donde las plantas palidecen y donde, de todas ellas en un año solo quedarán en actividad unas diez.

Cuando Humala llegó al gobierno, había un Plan Nacional de Formalización que consideraba la legalización de la actividad en un plazo razonable. Este plan le costó al gremio minero seis muertos y decenas de heridos de bala a manos de Alan García. Pero gracias a la ineptitud de los congresistas (ahora ellos hablan a favor de la minería artesanal, qué broma tan pesada), que dieron facultades para que Humala haga una nueva “Ley de formalización�, se echó al tacho todo lo avanzado, que consideraba primero la formalización, luego la capacitación, finalmente la fiscalización. La ley Humala primero fiscalizará (nos desaparecerá con las mal llamadas interdicciones), a los pocos que queden los capacitará y, finalmente, si alguno todavía sobrevive, lo formalizará. La carreta delante del burro.

ESTRANGULAMIENTO LENTO

De los doscientos mil mineros dueños de labor, al proceso de formalización ingresaron con Declaraciones de Compromisos solamente setenta mil mineros. A la siguiente etapa, con Registro Único de Contribuyentes (RUC), solo pasaron la mitad. Van quedando dentro de la formalización unos treinta mil. La SUNAT ya empieza a sancionar a los mineros, cuando muchos de ellos todavía no producen (están en cortadas o paralizadas por la caída del precio del cobre), con multas que el solo mencionarlas causan escalofríos. De los treinta mil firmarán contratos unos cinco mil, quizás menos. De ellos podrán cumplir con los IGACs aproximadamente unos mil. Al final de esta absurda carrera con trampas llegarán unos quinientos mineros, o menos. Con esto Humala podría cumplir con su plan de acabar lenta pero indefectiblemente con una actividad que emplea a más de medio millón de peruanos y aporta a la salud económica del país. Pero felizmente este gobierno ya se va, así que el sueño de desaparecernos no se concretará.

CONCESIÓN

En este gobierno hay abuso de poder y los derechos son pisoteados. ¿Quién dice algo? ¿La Defensoría? ¡Pero si la Defensoría defiende a las transnacionales! Ahora resulta que el sujeto que tiene derechos temporales (concesionario) tiene más derechos que el sujeto que tiene derechos permanentes (comunero). Es decir, la ley ordena que para formalizarse el comunero se someta a la voluntad del concesionario (quien paga ocho soles al año al Estado por cada hectárea de concesión). Algo más: sabemos que toda formalización tiene carácter permanente, o eterno. Pero la formalización de Humala alcanza categoría de temporal (dos o cuatro años) gracias a los contratos que nos ha impuesto con las leyes. Cuando a un minero que ha trabajado toda su vida en un cerro un concesionario le dice: “Te voy a firmar un contrato para que te formalices�, en realidad le está diciendo: “Te voy a dar dos o cuatro años para que abandones el cerro; después yo me quedaré con tu labor en producción�. A esto Humala llama formalización.

IMPUESTOS

El cobre en el mercado internacional está alrededor de tres dólares la libra. Hace dos años estaba a cuatro dólares y era rentable trabajar hasta con 3% de ley. Ahora para que sea rentable un minero debe extraer mineral que tenga más de 7% de ley. Y en regiones como Apurímac no vamos a encontrar mineral de esa ley, salvo pequeñas excepciones. A veces, solo para no desaparecer el minero extrae mineral pero se encuentra con la SUNAT, que le cobra 12% de detracción a cuenta de IGV e Impuesto a la Renta (ahora han bajado a 10%). Ese 12% era la ganancia del minero, y como en los cerros nadie da factura (compramos toda la comida en las comunidades), no hay forma de recuperar ese dinero. Ciertamente el 10% es criminal, y en unos meses en Apurímac no habrá minería artesanal.

TRANSPORTE

Ahora viene lo peor. En regiones como Apurímac, donde no hay carreteras, los minerales se transportan en caballos y burros, y en camiones pequeños, por supuesto cubiertos, pero la ley de Humala al respecto –acaba de salir– dice que los minerales de los artesanales se deben transportar en vehículos cerrados o entubados. Ahora llevar mineral en burro es ilegal, sancionable seguramente con cárcel, con burro y todo. Está bien que el concentrado se transporte en vehículos entubados pero es imposible que esos carros entren a los últimos rincones donde opera esta actividad, además son extremadamente costosos y no se encuentran en el mercado.

¿CAMBIO DE LEYES?
Hernando de Soto, que pertenece al grupo de los que promueven el saqueo del país, acaba de decir en Nasca que hay que cambiar las leyes para “simplificar la formalización� (menos costoso, más rápido). En Apurímac la simplificación es un tema secundario; el problema es la concesión; así como no hay agricultor sin chacra, no habrá formalización si no hay reforma minera. No puede haber minero sin concesión. Entonces hay que cambiar la Ley de Concesiones y eso pasa por modificar la Constitución, para quitar privilegios a todas las transnacionales que se han adueñado de Apurímac. No es simplemente un problema administrativo, un problema de forma. No se trata solamente de parchar leyes. Se trata de cambiar las políticas de Estado. La carta que regula la marcha del país prioriza a las transnacionales pero persigue a las actividades económicas de los peruanos. En las ciudades salgan un rato a las calles. En los últimos días hay miles de tiendas de peruanos cerradas por la SUNAT. ¿Y quién cierra a las transnacionales que se llevan miles de millones y no pagan impuestos?

LA “FORMALIZACIÓN� NO HA FRACASADO

No es que la formalización de Humala haya fracasado. Lo advertimos hace dos años, y por eso nos mandaron a la cárcel: estas leyes no fueron hechas para formalizar; fueron elaboradas en laboratorio por la Sociedad Nacional de la Minería para desaparecer la actividad, eso debemos entenderlo. Pretenden sacarnos de los cerros y de la selva para entregarlos a las mafias internacionales de la minería y del petróleo, llamadas transnacionales. ¿Pedir cambio de leyes al Congreso? ¿Creer en los congresistas que, ante la cercanía de las elecciones, nos ofrecen “su ayuda�? Pero si ellos son los responsables directos de estas leyes al darle facultades a Humala. Además, el Congreso está lleno de serviles de las transnacionales. ¿Esperar algo del gobierno? Ya es un cadáver político, un gobierno de salida, y por eso ha pateado el problema al nuevo gobierno (Decreto Supremo 029-2014-PCM).

Los mineros no debemos distraernos y perder de vista los principales objetivos. Lo que está buscando Hernando de Soto es salvar la “formalización� de Humala, simplificar algunos documentos o suavizar los trámites para que completen el proceso de “formalización� aunque sea unos diez mil mineros (Antes el gobierno ya nos envió a Isaac Humala, que comenzó hablando contra el gobierno pero que al final las intenciones eran otras; ¿creen que un padre va a estar contra su hijo?, ¿y creen que De Soto va a estar contra el modelo económico que él promueve?). Ya resistimos tres años; aunque sea dejaremos de trabajar un año (de paso paralizamos la economía del país, para que el gobierno aprenda, y bajamos el crecimiento a 2%), pero no caigamos en la trampa de que nos desaparezcan legalmente. Si logran completar el proceso unos diez mil, el gobierno ya tiene argumentos para decir que su “formalización� fue un éxito.

A estas alturas ya no nos conviene hablar de formalización; las leyes nos dan algo de respiro hasta el 2016. Quedémonos quietos (solo prioricemos el pago de impuestos y el medio ambiente); el nuevo gobierno debe encontrarnos con cincuenta mineros formalizados en todo el país (hasta el momento hay menos de diez), y tendrá que cambiar, sí o sí, las reglas de juego.

En enero ya empieza la campaña para las elecciones del 2016. Lo que queda ahora de nuestra parte es una ofensiva política, en todos los rincones, hasta cambiar las políticas de Estado. No hay otra salida. Todo depende de cómo lleguemos los mineros al 2016, con qué fuerzas (con fuerzas propias, para no mendigar apoyo político), con cuántos alcaldes, presidentes regionales y congresistas para no seguir peleando solamente desde las calles, para pelear las leyes desde dentro. Entonces concentrémonos más en preparar el nuevo escenario, en vez de perder el tiempo en discusiones bizantinas.