Los Andes

Como en las grandes ciudades del país, donde bandas meticulosamente organizadas ingresan a propiedades privadas, centros arqueológicos y propiedades del Estado, para luego de una serie de artimañas urdidas legalmente generar la “duda� en los jueces y fiscales, y subrepticiamente apropiarse de extensas áreas de terreno, la invasión urdida en el fundo Carolina de nuestra primera casa superior de estudios, el terreno del Instituto Superior Tecnológico José Antonio Encinas, la Comunidad Campesina Mi Perú y colonos antiguos, está trayendo una serie de matices que lindan con el delito de falsedad en todas sus acepciones, porque el supuesto “propietario�, lejos de reconocer su error procedimental al inducir al error al tráfico jurídico, hoy estaría amedrentando a más de una docena de pobladores de ese sector, donde inclusive están comprendidos personas que nada tienen que ver en el asunto.

Al respecto, la actuación del Ministerio Público debe ser enérgica y seria en todo sentido, al valorar los documentos probatorios de la supuesta comisión de delitos por parte de los imputados por el supuesto propietario de más de 700 hectáreas de terreno y que sospechosamente lotizó las áreas en conflicto para perpetuar una tercería de dominio y así imponer al delito por encima de la legalidad, pero al parecer los documentos que obran en manos de los defensores del Estado son contundentes al reclamar la nulidad de los actos jurídicos perpetrados por los “propietarios� y como una forma de hacer traslucir su forma de actuar, de manera desesperada encausa actos dolosos contra dirigentes, ex estudiantes y actuales poseedores de propiedades rurales, los que inclusive sufrieron el saqueo indiscriminado de sus pertenencias, poniendo en peligro la vida y la salud de personas de la tercera edad.

En el proceso instaurado sobre la propiedad del fundo carolina y otros, el diligente actuar de la justicia debería ser la base para sofocar los envalentonados aires de poder que tiene la parte aludida al fraude del tráfico jurídico de la propiedad; por consiguiente, cualquier presión mediática debería quedar al margen y la valoración adecuada de la documentación tiene que determinar la propiedad de esos terrenos que otrora pertenecían a la SAIS Collacachi. Por lo demás, los aludidos en la supuesta violencia y usurpación de terrenos tendrán la oportunidad de probar su inocencia con la sentencia que emita el juzgador sobre la controversia de la propiedad, acto seguido la seguridad jurídica de la propiedad estaría asegurada con una sanción punitiva a los responsables del presunto fraude urdido en este caso.