Los Andes

La denuncia de que un medio de comunicación televisiva sufriera el robo de sus equipos de edición y transmisión nos debe llamar la atención, no solo porque se trata de un hecho “aislado� o de poca relevancia, sino porque la seguridad de la propiedad en todas sus modalidades está en juego, además de que uno de los derechos fundamentales del desarrollo de la sociedad se pone en peligro, porque la televisora es un instrumento de la expresión masiva del pensamiento y la exclusiva acción delictiva para retirar del aire la señal de frecuencia, representa un atentado contra la libertad de opinión y expresión, ello conlleva una forma de censura, teniendo en cuenta que el interés público a ser informado adecuadamente constituye uno de los fines del Estado, el mismo que organiza un sistema administrativo positivo su adecuación legal.

Si el robo se produce en cualquier domicilio y se sustraen enseres o artefactos electrodomésticos, la acción delictiva en sí es común, pero si los delincuentes irrumpen en las instalaciones de un medio de comunicación, sustraen material fílmico, equipos de video producción y, además, de manera simultánea, los facinerosos roban los equipos de transmisión, se puede colegir que existirían otros móviles para la acción delictiva perpetrada, que va desde la competencia desleal entre empresas del rubro, venganza de terceros por algún informe propalado o que algún sector del sistema administrativo se sienta mellado en sus intereses y la única forma de acallar esa forma de hacer periodismo sería dejarlo fuera del aire mientras se compongan las circunstancias concomitantes.

Es reprochable desde todo punto de vista esta forma de actuar contra un medio de comunicación, que puede tener un procaz lenguaje en sus programas y que no sea del agrado del público, pero el Estado peruano se forjó en medio del principio de la democracia y esa democracia hizo que cada ciudadano tenga una forma de pensar y actuar, siempre y cuando no se extralimiten en sus facultades. Pero nadie puede irrogarse la acción sancionadora del Poder Judicial y emprender el robo; es condenable esta forma de actuar. Si hay diligencia en las investigaciones policiales y la celeridad objetiva del representante del Ministerio Público valora los hechos según los valores ponderativos, entonces más pronto que tarde estarán presentando a los autores del atentado contra la empresa televisora (canal 27, Antena 1) y posteriormente sometidos a un proceso judicial garantista que conlleve a la reclusión de los indeseables.