Los Andes

En la actualidad y en nuestros días mucho se habla de justicia, más aún cuando se trata de alcanzar protección, resarcimiento o tal vez algún reparo cuando se lesiona bienes materiales o personales que por algún motivo fueron vulnerados de manera voluntaria, involuntariamente o tal vez por omisión, es en estas circunstancias que las personas perjudicadas en sus derechos protegidos y reconocidos constitucionalmente acuden ante el aparato del Poder Judicial, para que mediante sus órganos debidamente estructurados y representados por un tercero (Juez) se pueda llegar a compensar o “arreglar� el daño causado, exhortando de manera pública que se le haga Justicia. En nuestros días, ante la presencia de un conflicto, en todo Estado constitucional de derecho, democrático y social, virtualmente ha desaparecido la posibilidad de autotutela o autodefensa; es decir, (justicia por mano propia), quedando la auto composición y la heterocomposición como mecanismos válidos y pacíficamente admitidos para solucionarlos. Es a partir de este momento en que la persona que recurre y acude al aparato judicial para pedir se le haga justicia, más precisamente cuando recurre al órgano jurisdiccional a solicitar se le imparta protección a sus derechos en que nace la Tutela Jurisdiccional Efectiva, a fin de que mediante un proceso determinado se llegue a satisfacer la pretensión solicitada en un primer momento por la persona afectada o perjudicada.

Entonces, resulta necesario definir y conceptualizar. ¿Que, es la Tutela Jurisdiccional Efectiva? Que, en un lenguaje sencillo y poco técnico diremos; La Tutela Jurisdiccional Efectiva, es aquél por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a los Órganos Jurisdiccionales para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. El calificativo de efectiva que se da le añade una connotación de realidad a la Tutela Jurisdiccional. Y que en una forma resumida: “Es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un Órgano Jurisdiccional, a través de un proceso con las garantías mínimas que exige la ley�. Sin duda alguna, muchos autores y estudiosos del derecho a nivel nacional e internacional han escrito sobre el particular y que la doctrina es amplia para poder explicarlo pero creemos sin duda alguna que su sentido connotativo e interpretativo no sufre mayores divergencias.

Sin embargo, pese a la modernidad y que el desarrollo humano supera el verdadero espíritu de la ley y de los ordenamientos procesales, el servicio de justicia impartido a través del Poder Judicial en nuestro país todavía no goza de aceptación social mayoritaria, lo que nos lleva a concluir que es necesario continuar con la búsqueda, creación y regulación legal de nuestras herramientas y nuevos parámetros procesales que coadyuven a mejorar el servicio de justicia, y esencialmente sirvan para optimizar Tutela Efectiva a todos los ciudadanos en el momento que lo requieran.

Pero ¡CUIDADO!, que el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva NO comprende necesariamente obtener una decisión judicial acorde con las pretensiones formuladas por la persona o el sujeto de derecho que lo solicita o peticiona, sino mas bien es la atribución que tiene el Juez, que representa al aparato jurisdiccional a dictar una resolución conforme a derecho y siempre que se cumplan los requisitos procesales mínimos que exige la ley nacional para ello; es decir, este derecho entonces, supone obtener una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas por el actor ante el órgano jurisdiccional respectivo, siempre que se utilicen las vías y/o mecanismos procesales adecuados, pero no necesariamente tal decisión es la solicitada por la persona o sujeto de derecho; ya que la misma puede ser favorable o desfavorable a las pretensiones ejercidas.

Actualmente, el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, específicamente la tenemos regulada en nuestra legislación nacional vigente, en primer lugar en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 139 inciso 3 prescribe: “... son principios y derechos de la función jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional...�. En segundo lugar el articulo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que refiere: “...Toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva para ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso...�. Y en tercer lugar el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala: “...En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena Tutela Jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso...�. En la legislación internacional, está regulado en: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su articulo 14 inciso 1 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el inciso 1 del articulo 8, respectivamente. Lo que evidencia que efectivamente el Estado, sabe y tiene pleno conocimiento de cual es su labor de protección frente al ciudadano que solicita e implora justicia. Consiguientemente, es deber del Estado promover la efectividad del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, que no solo se limita al aspecto procesal, sino, fundamentalmente, al aspecto material, en el sentido de resolver la pretensión de “JUSTICIA� planteada.

Finalmente, es preciso indicar que no sólo existe o se puede hablar únicamente de la Tutela Jurisdiccional Efectiva individual o de carácter personal, sino que también coexisten otros derechos, como son los derechos humanos de la tercera generación, entre los cuales tenemos; el derecho al desarrollo, a la tranquilidad pública, a la paz social, del medio ambiente equilibrado y adecuado, al patrimonio cultural, etc. Siendo estos derechos colectivos, de interés general y de protección para toda la sociedad y por que no decirlo de toda la humanidad y como tales no pueden carecer de instrumentos jurídicos legales que aseguren su plena satisfacción, siendo así estos derechos también merecen la protección de Tutela Jurídica Efectiva, y que será tema de un posterior comentario.