Los Andes

Beatriz Merino, Defensora del Pueblo

La Defensoría del Pueblo remitirá hoy al Congreso la iniciativa legislativa denominada “Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas”, con el propósito de contribuir a la implementación normativa del referido derecho.

Este proyecto fue elaborado sobre la base de un reciente informe, en el cual la Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso aprobar una ley marco que regule el derecho a la consulta y que garantice un proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas,

Esto, en un contexto en que se avecinan medidas legislativas o administrativas vinculadas a este sector de peruanos.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo que en un año marcado por protestas de organizaciones indígenas de la Amazonía, que reclaman el respeto de sus derechos individuales y colectivos, “resulta más que pertinente poner a consideración de la representación nacional la aprobación de una ley marco que regule el Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas”.

Est iniciativa, según la Defensora del Pueblo, es “necesaria para sentar las bases que garanticen el diálogo intercultural, incorporando así a dichos pueblos en el proceso de toma de decisiones del Estado, en el marco del sistema democrático de derecho”.

El establecimiento de una Ley Marco sobre el Derecho a la Consulta busca facilitar el cumplimiento de una obligación contraída por el Perú, al ratificar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 15 años atrás, indica la Defensoría.

De esta manera, señala la institución, se está posibilitando que las entidades del Estado cuenten con procedimientos adecuados para lograr la institucionalización del diálogo con los pueblos indígenas.

La iniciativa contiene definiciones y principios sobre el derecho a la consulta y su ámbito de aplicación.

Asimismo define a los actores del proceso, tanto por el lado del Estado, como por los pueblos indígenas, y establece la necesidad de que las entidades responsables de aprobar las medidas administrativas o legislativas que sean objeto de consulta conduzcan dicho proceso, bajo la supervisión de un Organismo Público Especializado, del Poder Ejecutivo, en materia de pueblos indígenas.

Por otro lado, define el ámbito de aplicación del derecho, lo cual incluye las medidas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas.

Del mismo modo, plantea regular el proceso de consulta, el cual consta de las etapas de identificación, información, evaluación interna, proceso de diálogo y decisión.

Finalmente, en la propuesta dirigida al Congreso, la Defensoría del Pueblo advierte la necesidad de que en el proceso de elaboración de una futura Ley que regule el derecho a la consulta de los pueblos indígenas se incluya la consulta a sus instituciones representativas, de acuerdo con un procedimiento que, para el efecto, habrá de establecer el propio Poder Legislativo.

“Con esta propuesta, la Defensoría del Pueblo reitera su disposición a colaborar con el Congreso de la República, con el establecimiento de una regulación clara y acorde con las responsabilidades del Estado, en el marco de sus tareas en defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad”, señala una nota de prensa.