Los Andes

- Nueva ley permitirá cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, firmado por el Perú. - Recomiendan a Congreso aprobar ley que regule el derecho a la consulta para pueblos indígenas.

La Defensoría del Pueblo ha preparado la iniciativa legislativa denominada “Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas”, con el propósito de contribuir a la implementación normativa del referido derecho.

Este proyecto fue elaborado sobre la base de un reciente informe, en el cual la Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso aprobar una ley marco que regule el derecho a la consulta y que garantice un proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de los pueblos indígenas, informa Agencia Andina.

Esto, en un contexto en que se avecinan medidas legislativas o administrativas vinculadas a este sector de peruanos.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo que en un año marcado por protestas de organizaciones indígenas de la Amazonía, que reclaman el respeto de sus derechos individuales y colectivos, “resulta más que pertinente poner a consideración de la representación nacional la aprobación de una ley marco que regule el Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas”.

La iniciativa, según la Defensora del Pueblo, es “necesaria para sentar las bases que garanticen el diálogo intercultural, incorporando así a dichos pueblos en el proceso de toma de decisiones del Estado, en el marco del sistema democrático de derecho”.

El establecimiento de una Ley Marco sobre el Derecho a la Consulta busca facilitar el cumplimiento de una obligación contraída por el Perú, al ratificar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 15 años atrás, indica la Defensoría.

De esta manera, señala la institución, se está posibilitando que las entidades del Estado cuenten con procedimientos adecuados para lograr la institucionalización del diálogo con los pueblos indígenas.

La iniciativa contiene definiciones y principios sobre el derecho a la consulta y su ámbito de aplicación.

Asimismo define a los actores del proceso, tanto por el lado del Estado, como por los pueblos indígenas, y establece la necesidad de que las entidades responsables de aprobar las medidas administrativas o legislativas que sean objeto de consulta conduzcan dicho proceso, bajo la supervisión de un Organismo Público Especializado, del Poder Ejecutivo, en materia de pueblos indígenas.