Los Andes

Diversas organizaciones de la sociedad civil peruana expresaron su preocupación con respecto al proceso de negociación y los términos del futuro Acuerdo Energético entre Perú y Brasil, durante una reunión ocurrida el pasado 19 de mayo en Brasilia (Brasil) con representantes de la Cancillería de dicho país.

“No es un acuerdo de integración energética, sino de interconexión para venderle electricidad a Brasil, que se realiza sin tener claro los beneficios para el país, pues no se tiene una idea concreta sobre la demanda interna, ni la identificación del excedente de energía a ser vendida, ni se incluyen los costos ambientales y sociales a ser asumidos por los proyectos a ejecutarse”, dijo el director de la organización peruana Pro Naturaleza, Alfredo Novoa.

Por su parte, la presidenta de la Central Ashaninka del Rio Ene (CARE), Ruth Buendía, informó que su pueblo rechaza tajantemente la construcción del proyecto Central Hidroeléctrica de Pakitzapango, cuyo desarrollo afectaría el territorio de estos pueblos e implicaría el reasentamiento involuntario de 10,000 Ashaninkas.

Por su parte, el coordinador del Programa de Energía Sostenible de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, mencionó que este acuerdo podría ser declarado inconstitucional, ya que es necesaria su aprobación en el Congreso de la Republica del Perú, según el artículo 56 de la Constitución de 1993, tal como sucedería en Brasil.

Gamboa realizó esta aclaración debido a que el ministro de Energía y Minas del Perú, Pedro Sánchez, declaró hace una semana que no es necesario que el acuerdo en mención pase por el Congreso, sino que bastaba con la ratificación por parte del Presidente de la Republica.

Los representantes coincidieron en que el Perú vivía un momento crucial en su vida republicana; sin embargo, la administración de recursos naturales estratégicos no era coherente, puesto que se está acelerando la comercialización de estos recursos, sin contar con una planificación energética a largo plazo que permita asegurar a las futuras generaciones de peruanos.

Asimismo, señalaron que la construcción de hidroeléctricas en la Amazonía, como serían las de Inambari y Pakitzapango, concesionadas a empresas brasileñas, es contradictoria a una agenda de cambio climático, debido principalmente a los impactos negativos a sensibles ecosistemas de especies de flora y fauna, así como los impactos directos e indirectos que causaría en población local y pueblos indígenas.