Los Andes

Crónicas sobre la administración de justicia han dejado de tener interés en la comunidad nacional, más aún cuando los delitos se globalizan. Las siguientes líneas tienen algunos elementos nuevos a tomarlos en cuenta, porque se conoce públicamente la voluntad política del actual gobierno de emprender acciones contra la endémica corrupción; y el caso que nos ocupa puede servir de pequeño sendero para alcanzar objetivos de mayor dimensión.

La estatal Petroperú , en un reciente comunicado a la opinión pública, da cuenta que tres funcionarios fueron comprendidos en un proceso judicial, acusados de haberse coludido con una corporación privada para venderle combustible Turbo A-1 sin pagar el Impuesto Selectivo al Consumo.

Los hechos, materia del proceso, ocurrieron durante los años 2002 a 2004. La empresa pública se apersonó como agraviado constituyéndose en parte civil en el 2007, siendo patrocinado, desde noviembre del 2009, por un reconocido estudio de abogados y el caso, en el 2012, continúa judicializado, a la espera de la decisión definitiva del Poder Judicial.

El mismo comunicado, precisa que la sentencia de primera instancia de la Cuarta Sala Penal Especial Liquidadora ha sido favorable a la empresa estatal y los funcionarios comprometidos han sido separados. Los procesados han interpuesto recursos de nulidad, motivo por el cual el fallo será definido en última instancia por la Corte Suprema.

Como se puede observar, van transcurriendo doce años y no hay fecha definitiva de zanjar el caso. La lentitud judicial queda corroborada. Sin embargo, la denuncia pública constituye una oportuna advertencia, interna y externa, en este momento en que Petroperú busca estimular el libre mercado del gas, mediante la reducción de los costos en la comercialización, tema que entre los híper liberales, cualquier señal, por pequeña que sea, es relacionada como inconveniente “intervención del negocio�
Qué duda cabe, hay muchos magistrados de conducta intachable, que por lo general actúan, según la presión, mayor o menor, de los implicados y/o de los afectados. La carga judicial es enorme y generalmente las instancias administrativas tampoco estiman como tarea prioritaria, urgente, inmediata, decidir sobre una información concreta de la Contraloría.

La historia no se repite. En la década del ochenta, por ejemplo, un presidente del directorio de una empresa pública, fue descubierto por especulación de gasolina a través de un grifo de su propiedad, mediante la mezcla con kerosene. La denuncia se quedó en una pastilla de mar de fondo. Y luego vino el silencio.

El espíritu de cada momento está marcado por dos cualidades, justicia y eficacia, dice Basadre, al hablar de la gran Promesa. Para consolidar la democracia se requiere de organización contra todas las inmoralidades, “desde los grandes y pequeños peculados, hasta los gritos radicales o reaccionarios, los desbordes primitivos y la mentira de nuestros convencionalismos�. Querer un Perú en buena salud, no solo es acción, que debe ser fundamental y primordial sobre sus flagelos biológicos y sociales, sino también por la honestidad cívica.