Los Andes

Conforme se acerca el mes de diciembre nuestras luces de consumo navideño se encienden y quizás alguna conciencia climática aparezca. Se trata que del 1 al 12 de diciembre se reúnen representantes de 194 países en Lima para ocuparse en un borrador de documento que permita ser base de un acuerdo a los serios problemas de calentamiento global; corroborado por sendos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) un panel de científicos que va por su quinto informe y que en el terreno ya cuenta con millones de personas que desde hace un tiempo empiezan a sufrir sus consecuencias.

Es paradójico que Perú, un país terriblemente desigual, sin huella industrial que le preceda, considerado uno de los países más vulnerables en el mundo (tercero según Instituto Tyndall Centre), con pérdidas de glaciares de 30% de su superficie en razón de los últimos 30 años; sea el anfitrión de esta reunión, pero además se pretenda cargar de mayor responsabilidad por poseer bosques amazónicos que podría ser la esperanza para el planeta. Si existe alguna certeza a estas alturas del calentamiento es que los países pobres son los que menos han contaminado, pero al mismo tiempo los que empiezan a pagar las consecuencias del cambio climático, a mitigar y adaptarse sin recursos; una injusticia más pero ahora climática.

Si partiéramos en asumir esa premisa, las negociaciones podrían tomar otro rumbo y quizás habría un acuerdo que empiece por mantener la temperatura por debajo de los 2ºC, y acompañado de medidas contundentes hasta el 2050 podríamos reducir las emisiones entre un 40% y 70% a nivel mundial y si siguiéramos ese camino hasta el 2100 se disminuirían a nivel cero, según los estudios de IPCC. Sin embargo la realidad es otra, ningún país ni empresa transnacional contaminante, es decir ninguna economía poderosa asumirá sus responsabilidades. Pero además, su estrategia es aún más irresponsable, aprovechar esta situación para hacer negocios “verdes� y utilizar a las economías de varios países pobres y emergentes para fortalecer un modelo depredador que ya empezó a acumular serias violaciones de derechos humanos y que en sus mismos países hace aguas.

Esta situación se agrava mucho más si como contraparte los países pobres y emergentes tienen gobernantes tradicionales que no se toman en serio la alarmante crisis climática. Perú, país anfitrión de la COP 20 es el mejor ejemplo, de parecida forma como lo fue México en la COP 16, nada de eso parece cambiar, solo el clima y los efectos desgarradores en distintas partes del planeta, que ya no se podrán evitar.

Bajemos al llano, en Perú la resolución ministerial que declaró de interés público la COP 20 tiene como objetivos en primer orden el posicionamiento político del país, la atracción de inversiones, promoción de negocios verdes, ingresos económicos para el país y en último orden un objetivo incomprensible cambio climático e inclusión social. Bajo esta justificación se utilizarán US$ 77 millones del presupuesto público con un aporte de US$ 20 millones de la ONU. Planteado en esos términos de flagrante confusión no nos extraña que el 92% de peruanos no sepa que es la COP 20 (Encuesta Datum, noviembre).

Lo que ya constituye un caso paradigmático es que el mismo año que Perú es anfitrión de una reunión internacional que supuestamente trata de poner límites a la emisión de gases de efecto invernadero, es decir gases contaminantes producidos principalmente por países ricos e industrializados, ese mismo año el Gobierno peruano impulsa acciones en contra de la legislación e institucionalidad ambiental, a través de reformas normativas, llamados paquetazos que flexibilizan y debilitan los mecanismos de defensa que salvaguardan el medio ambiente, agudizando cada vez más un modelo básicamente extractivo y contaminante, no haciendo ninguna reflexión sobre el rol que deberían jugar economías emergentes en pleno cambio climático.

Como resultado de eso tenemos, la Ley 30230 impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas que debilita las funciones del organismo de fiscalización ambiental OEFA, reduce los niveles mínimos de instrumentos que nos ayudan a identificar la contaminación del agua y aire, sustraen las funciones de instituciones especializadas que categorizar zonas de gran biodiversidad para poderlas proteger, arrebatan la posibilidad de ordenar el territorio, facilitan a través de procedimientos especiales el accesos y uso a cualquier territorio donde exista interés de implantar un proyectos de inversión; liberando las tierras y territorios de propiedad de comunidades nativas y campesinas, al igual que liberalizan tierras del Estado para entregarlas a proyectos de inversión; se aprueban reglamentos en materia de hidrocarburos y minería que flexibiliza los estándares ambientales y recientemente buscan recortar �reas Nacionales Protegidas.

Lo cierto es que con tal prontuario no hay discurso bien intencionado que valga ni en lo más alto de la COP 20, sabiendo además que viene precedido de un fracaso como fue la COP 19 en Varsovia; bajo esas circunstancia no sé qué tanto pueda servir un borrador de documento para la COP 21 en París; más aún si los anfitriones no han hecho absolutamente nada para al menos dar una seña distinta; parece ser que esta COP dejará un gasto excesivo en logística y seguridad, además de algunas inversiones verdes que ejerzan más presión en los bosques amazónicos. Por lo demás la elite internacional parece más ocupada en encontrar otro planeta, apostando por nuestra supuesta habilidad de superar lo imposible.