Ministerio Público y Contraloría deben estar alertas en asunción de nuevas autoridades


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Escribe: Los Andes | Nacional - 16 Dec 2014


El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhorta al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República a mantener una actitud idónea en el marco de la asunción del cargo de las autoridades electas en las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2014.

Cabe recordar que de acuerdo con la normativa vigente –la cual reiteramos que debe ser evaluada, por lo que hemos presentado Proyectos de Ley ante el Congreso de la República desde el año 2012– se han presentado candidatos con antecedentes penales, otros con procesos de investigación o sin contar aún con una rehabilitación de su condena.

En ese sentido, se informa que se entregarán las credenciales a los candidatos electos presidentes de 25 gobiernos regionales, excepto a los que tengan restricciones para asumir el cargo en observancia de la norma, y respetuosos de las competencias de cada organismo del Estado, exhortamos al Ministerio Público a poner especial cautela en que las restricciones en las que se encuentren inmersas las autoridades electas estén siendo subsanadas de manera regular.

En el caso puntual del Gobierno Regional de Áncash, conforme con lo decidido por el JNE en su oportunidad, mediante las resoluciones 3564-2014-JNE, del 14 de noviembre de 2014, y 3641-2014-JNE, del 25 de noviembre de 2014, el presidente electo Waldo Ríos está impedido de asumir el cargo en cumplimiento de lo resuelto por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, que declaró improcedente la solicitud de rehabilitación derivada de la sentencia por delito doloso con pena privativa de la libertad que le fuera impuesta el 3 de junio de 2008, en tanto no cumpla con pagar la reparación civil ascendente a un millón de soles.

Es competencia del Ministerio Público y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cautelar la legalidad de las actividades promovidas por las organizaciones políticas orientadas a recaudar fondos para determinar la transparencia de su origen y evitar la filtración de dineros procedentes de actividades ilícitas o que se oculten en el anonimato.


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