Los Andes

La Defensoría del Pueblo hoy presentó en Puno, el Informe Defensorial Nº 167: “Balance de la gestión estatal frente a la minería Informal e Ilegal en el Perú 2012-2014. Supervisión a las entidades de alcance nacional y regional�.

El documento recomienda fortalecer con urgencia las capacidades de las entidades a cargo de este proceso, en particular a los gobiernos regionales.

Asimismo, precisa que los mineros informales presentaron aproximadamente 70 mil declaraciones de compromiso como paso previo para su formalización. Sin embargo, hasta finales del año pasado, sólo 16 declaraciones que todos corresponden a Puno, lograr o la autorización de inicio.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó que la formalización de las 16 declaraciones beneficia únicamente a 631 mineros que alcanzaron la formalización.

Esta situación respondería —entre otros motivos— a que los gobiernos regionales carecen de personal especializado, logística y presupuesto para conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, así como para supervisar y fiscalizar dichas actividades.

Al respecto, ningún gobierno regional le asignó a su Dirección de Energía y Minas más del 1% de su presupuesto del año 2014 para el cumplimiento de dichas funciones.

“Hemos identificado que la supervisión administrativa de la pequeña minería y minería artesanal a cargo del nivel regional esinsuficiente. Por dicha razón, estamos recomendando fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así como dotarlos de los recursos presupuestales�, señaló Luz Herquinio Alarcón, Jefa de la Oficina Defensorial de Puno.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el retraso en la remediación ambiental, a cargo del gobierno nacional y del nivel regional, así como en la aprobación del Plan de Recuperación de Impactos Ambientales, instrumento a cargo del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente, que debió aprobarse hace más de dos años.