Los Andes

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, consideró que sería adecuado que el periodo de los magistrados de este organismo se amplíe de cinco a nueve años porque, en la práctica, estos extienden sus funciones ante la falta de acuerdos en el Congreso para elegir a sus reemplazantes.

Indicó que en el Perú el plazo de cinco años en la gestión formal de un miembro del TC es el más corto del mundo, considerando que en otros países de la región este periodo dura entre ocho y 12 años, e incluso en Estados Unidos esta función la cumplen de manera vitalicia.

“En periodos cortos de renovación, la línea jurisprudencial del tribunal puede verse afectada, sufriendo cambios radicales en periodos cortos y esto no es bueno para ningún sistema jurídico, al que hay que darle estabilidad en el tiempo. Un periodo de cinco años es muy corto�, apuntó.

Recordó que en su caso, si bien el pasado 30 de junio cumplió su periodo de cinco años como magistrado, este se ha extendido porque una disposición en la Ley Orgánica del TC señala que sus miembros ejercerán plenas funciones hasta que su reemplazante, a ser elegido por el Congreso, tome posesión del cargo.

“El Congreso, pese a que en su oportunidad se cumplió con anunciar la necesidad de una renovación, aún no lo ha hecho. Entiendo que han estado priorizando su agenda y, entretanto, nos queda cumplir con esa disposición�, explicó el titular del TC.

Según detalló, esta obligación de permanecer en el cargo busca garantizar el funcionamiento del organismo constitucional y no perjudicar a la ciudadanía, pues el TC no cuenta con suplentes ni accesitarios que remplacen temporalmente a los magistrados cuyo periodo se haya cumplido.

Potestad del Congreso

Pese a que muchas veces la falta de consensos genera demoras en la elección de los miembros del TC, Urviola opinó que esa facultad debe continuar en manos del Congreso y no trasladarla al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pues este último elige a los jueces del foro ordinario.

En cambio, añadió, los magistrados del TC tiene la facultad de derogar leyes e incluso reconocer una competencia que se encuentre en cuestión entre poderes del Estado o en los diferentes niveles de Gobierno, lo que –recalcó- demanda una alta responsabilidad.

“Dicha potestad debe estar investida de un mandato popular, y ese mandato lo da el Congreso de la República, que es el depositario de la voluntad popular, lo que no ocurre con el Consejo Nacional de la Magistratura�, manifestó en diálogo con la Agencia Andina.

En mayo de 2014 y luego de varios años de espera, el pleno del Congreso designó como nuevos magistrados del TC a Ernesto Blume, Carlos Ramos Núñez, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, José Luis Sardón y Eloy Espinoza-Saldaña.