Los Andes

1.- El Perú entero fue sacudido por los luctuosos sucesos del 5 de junio en la provincia de Bagua, a orillas del río Utcubamba en la Región de Amazonas, donde se produjeron enfrentamientos entre los nativos amazónicos que tenían tomada la Carretera Fernando Belaunde Terry, desde varios días atrás, y efectivos de la Policía Nacional del Perú, con el lamentable resultado de 24 policías y 9 nativos muertos, según datos que oficialmente reconoce el Gobierno Nacional y que los dirigentes de los pueblos nativos afirman que son mucho más los nativos muertos. Desde el 20 de abril, hace más de 55 días los pueblos amazónicos, encabezados entre otros por Alberto Pizango, organizados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), están en huelga indefinida, exigiendo que el Gobierno aprista, encabezado por Alan García Pérez, deroguen una serie de decretos legislativos, (994, 1015, 1020, 1064, 1073, 1081, 1083, 1089, 1090), que atentan los derechos que tienen los nativos que viven en la Amazonía peruana.

Estos decretos legislativos, fueron promulgados por el Poder Ejecutivo, entre los meses de mayo y junio del 2008, dentro de un paquete de 99, que al amparo de la delegación de facultades legislativos, que el Congreso de la República, le otorgara mediante la ley 29157, del 20 de diciembre del 2007, para que legislara durante 180 días, para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos.

Los pueblos amazónicos, a través de AIDESEP, cuestionaron desde un inicio a varios Decretos Legislativos, porque violaban los derechos que tienen los pueblos originarios, respecto a los territorios que habitan desde tiempos ancestrales y que están amparados por la Constitución Política, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros instrumentos legales nacionales e internacionales.

En el país y en el extranjero, varias instituciones, sectores políticos, organismos no gubernamentales, cuestionaron estos decretos legislativos, sin embargo ni el Congreso de la República, ni el Consejo de Ministros, ni el Tribunal Constitucional, ni el Poder Judicial, se dieron la molestia de derogarlos, o resolver las demandas de los pueblos amazónicos.

La huelga que se inicio el 20 de abril, fue anunciada con mucha anterioridad, sin embargo desde el gobierno, no les dieron la atención que la importancia de la misma merecía, dejaron pasar los meses, cuando una comisión del Congreso opinó que el Decreto Legislativo 1090, era inconstitucional, Mauricio Mulder, congresista aprista, recurrió a la burda maniobra de postergar su debate y votación, con el argumento risible de que los congresistas del Partido Nacionalista, habían concurrido tarde a la sesión del Congreso, lo que irritó a los pueblos amazónicos.

El viernes 5 de junio, el Gobierno Nacional, intento reabrir el tránsito en la Carretera Fernando Belaunde, que estaba tomada por los huelguistas desde hacia varios días, produciéndose graves enfrentamientos con el saldo oficial de 33 muertos, 24 efectivos de la Policía Nacional y 9 nativos de la etnia Awajún-wampis, perteneciente a la familia etnolinguística Jíbaro Jíbaro, muchos de sus miembros participaron defendiendo al Perú, en la guerra del Cenepa con el Ecuador.
El Perú entero, lamenta profundamente la muerte de decenas de peruanos, nativos amazónicos y miembros de la Policía Nacional, en los sucesos de Utcubamba y Bagua, y se solidariza con sus familias, por estas absurdas muertes.

2.- El origen de este problema es la forma dictatorial con la que el Gobierno aprista, pretende imponer un régimen de explotación de las tierras de nuestra amazonia, pretendiendo que los nativos amazónicos sean arrinconados en unas 12 millones de hectáreas, en una especie de reserva territorial humana, para que en el resto, en más de 60 millones de hectáreas, se las entreguen en concesión, adjudicación u otras modalidades empresariales, para la explotación de las tierras, flora y fauna.El estado peruano, que es firmante del Convenio 169 de la OIT, esta obligado a consultar a las comunidades nativas cualquier cambio en la forma de explotación de las tierras dentro de los territorios, en que viven ancestral mente oblaciones originarias, en este caso no lo hizo.

El haber promulgado estos Decretos Legislativos, como parte de la delegación de facultades legislativas que el Congreso de la República, le otorgo al Poder Ejecutivo, es ilegal ya que no estaban dentro de los alcances de la implementación del TLC con los Estados Unidos, por el contrario este país, se había manifestado por la protección del medio ambiente, y la explotación de la amazonia, dentro de la concepción liberal del pensamiento de Alan García Pérez, expresada en sus artículos del "Perro del Hortelano", atenta contra la preservación del medio ambiente, y lesiona la cosmovisión de los nativos, ya que atenta contra su ancestral relación con la tierra, su diosa Pachamama.

El cuestionamiento que hacen los nativos a estos Decretos Legislativos, se conoce desde hace ya casi un año, por ello hay que condenar la indolencia con la que han actuado desde el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, han esperado que el conflicto se agudice para recién actuar.

Particularmente son condenables las maniobras a que han recurrido desde hace un año, en el Congreso de la República, la bancada aprista y sus aliados, para no resolver estas demandas, como la risible maniobra de la bancada aprista, con Mauricio Mulder a la cabeza de no debatir la derogatoria del Decreto Legislativo, propuesto por una Comisión del Congreso y de la Defensoría del Pueblo, bajo el argumento de los congresistas nacionalistas llegaron tarde a una sesión del Congreso.

Es igualmente cuestionable la maniobra de la alianza parlamentaria entre el APRA, el fujimorismo y Unidad Nacional, que en un acto considerado por los nativos una burla a sus demandas, el haber suspendido en forma indefinida la vigencia de los Decretos Legislativos 1064 y 1090, y no haberlos derogado, para dar paso a un diálogo nacional al respecto, lo es también la prepotencia de haber acordado el mismo jueves 11 de junio la suspensión por 120 días de 7 congresistas del Partido Nacionalista, con lo que agudizan el problema.

El hecho de que Alberto Pizango, haya solicitado y se le haya concedido asilo diplomático en la Embajada de Nicaragua, es parte de la institucionalidad política y constitucional de nuestros países latinoamericanos, hacen muy mal Jorge del Castillo, Mercedes del Castillo y cualquier otro dirigente aprista que pretenda cuestionarlo o tildarlo de cobarde, olvidando que el mismo Alan García y también en su momento Víctor Raúl Haya de la Torre, se asilaron en la Embajada de Colombia.

3.- Las luchas de los pueblos amazónicos, han recibido el respaldo contundente de la mayoría del pueblo peruano, en la exitosa jornada de lucha del jueves 11 de junio, donde ha paralizado en forma cívica y pacífica la región de Puno, al igual que otras regiones del país, y las movilizaciones multitudinarias en todo el país, en particular en Lima.

Esta crisis, tiene en la soberbia de Alan García, un obstáculo para su superación, que deben empezar por la renuncia de los responsables políticos de estas absurdas muertes, el Gabinete de Yehude Simon Munaro, de ser así ira cobrando más fuerza la demanda de que Gobierno del APRA con Alan García, deje el poder, se adelanten las elecciones y se convoque a una Asamblea Constituyente.