Los Andes

La semana pasada el juez Francisco Miranda Caramuti, del Primer Juzgado Penal de Bagua, devolvió la acusación efectuada por la fiscal Olga Bobadilla en la que responsabiliza por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves a seis policías, entre ellos al general PNP Luis Muguruza y otros.

Sin embargo, en enero de este año, el fuero policial militar ha iniciado una investigación contra Muguruza y otros por los mismos hechos, pero no por los mismos delitos. A su vez, la defensa de Muguruza ha planteado una denuncia penal contra la fiscal Bobadilla por inconducta funcional, abuso de autoridad y prevaricato, por la denuncia realizada.

Sobre el primer tema diremos que la devolución efectuada por el Juez, es en virtud de que la fiscal Bobadilla no ha puesto los artículos pertinentes del Código Penal que configuren el delito de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves; es decir: se equivocó en elegir los incisos pertinentes, además de pedirle concluir con otros trámites. Mas allá de la pertinencia o no de la resolución judicial, nos preocupa que han pasado ocho meses de los hechos dramáticos de Bagua, y no existe un proceso en el fuero común por el homicidio de 10 personas, los mas de 200 heridos, 83 de ellos con arma de fuego.

Sobre el segundo tema, creemos es que existe una voluntad por ocultar la verdad y los verdaderos responsables de esta masacre. En primer término ha sido la comision formada por el gobierno, que no convenció a nadie con sus argumentos y más aún complica el dialogo que todavía existe entre las organizaciones indígenas y el Ejecutivo.

En segundo lugar, la pretensión de que sea el fuero policial militar el que vea este tema es grave porque en primer lugar estamos hablando de delitos comunes y estos no se ven en el ámbito militar. De proceder esta situación nos recordaría lo que pasó el año 1985 con el caso Accomarca, en el que Telmo Hurtado fue acusado de delitos administrativos y condenado a 6 años de prisión, cuando éste fue el responsable material de la muerte de 69 personas incluyendo a mujeres, niños y ancianos.

Esta demora y estas acciones no pretenden proteger solamente a Muguruza y compañía, sino más bien a los verdaderos responsables de la operación, los que dieron las órdenes, y quienes a pesar de saber que los indígenas se retiraban en la mañana ordenaron el desalojo que causó tan lamentables resultados.

Recientemente el Estado peruano, en el marco del Examen Periódico Universal realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al Gobierno de México, recomendaba lo siguiente: “Revise las medidas legales relevantes a fin de asegurar que todas aquellas acciones contra los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas militares puedan ser acogidas por los cortes civiles”. Creemos que esta medida debe servir no sólo para México, sino también para el Perú.

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* Abogado. Director Ejecutivo de Aprodeh. Miembro del Comité Directivo Nacional de la CNDDHH. Especialista Derechos Humanos.