Los Andes

Ananea o La Rinconada, realidades semejantes que pueden ser fácilmente la expresión más extrema de la ilegalidad en el país. La “fiebre del oro” y el valor que se le otorga al metal en los mercados internacionales, ha convertido a ambos poblados en poco menos que espacios dantescos, donde la delincuencia, prostitución infantil, trata de personas y el atentado al medio ambiente son moneda corriente.
Lo que ocurre en ambos lugares, ha sido ampliamente denunciado por investigaciones periodísticas, publicaciones académicas o la intervención de ONG’s y muy a pesar de ello, la situación no ha variado significativamente en ambos centros mineros. Más allá de las protestas de los afectados de las cuencas de los ríos Ramis y Suches, ninguna autoridad ha logrado proponer alguna alternativa de solución y por el contrario, la minería ilegal sigue extendiéndose como un cáncer en nuestra región.
Da lo mismo escribir sobre Cerro Lunar, Chakimina, Winchumayo y una larga lista que se prolonga día a día, amenazando incluso Áreas Naturales Protegidas como al Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional del Titicaca.
En ese contexto, megaproyectos como la hidroeléctrica del Inambari y el otorgamiento de lotes de hidrocarburos, han despertado una serie de manifestaciones de rechazo como escenario previo a la ocurrencia de una serie de conflictos socio ambientales. Autoridades y una creciente opinión pública ven amenazadas la sostenibilidad, el medio ambiente y sus visiones de desarrollo con la irrupción de estos proyectos que, si bien se hallan en una fase preliminar, han recibido el rechazo masivo de la ciudadanía.
Una probable contaminación ambiental y la invasión de zonas de reserva o predios agrícolas, son los argumentos que se esgrimen para oponerse a los megaproyectos. Oposición que guarda cierta coherencia con la realidad, ya que los ejemplos de una actuación responsable para con los ciudadanos y con el medio ambiente, no ha venido precisamente de las empresas formales; los cientos de conflictos sociales por actividades extractivas en diferentes zonas del país son una muestra de ello.
Sin embargo llama poderosamente la atención que problemas como la minería ilegal, no hayan generado el rechazo masivo, ni la movilización que ha generado el rechazo a los megaproyectos, aún sabiendo que pueden ser tan o más nocivos que la construcción de un embalse para generar energía o la extracción de hidrocarburos en las orillas del Titicaca.
Ante la informalidad se ha mantenido una posición cómplice promoviendo, por el contrario, condiciones para que esta se extienda y se transforme en realidad cotidiana. La conclusión parece ser que, mientras la minería ilegal garantice una bonanza económica temporal, sin pagar impuestos, ni mejorando las condiciones de vida de los propios mineros, poco importa arrasar con bosques, ríos, fauna y desintegrar el tejido social.
En ese escenario, lo legítimo sería que la ciudadanía y nuestras próximas autoridades regionales y locales seamos coherentes con nuestras posiciones. No se puede cuestionar la venida de megaproyectos, dejando de lado problemas de fondo como la minería ilegal o la inexistencia de sistemas de gestión de residuos sólidos o aguas servidas en los centros urbanos.
La oposición ante proyectos que son impuestos sin consulta y con mecanismos precarios para la participación ciudadana, como la probable construcción de la hidroeléctrica del Inambari o el otorgamiento de concesiones para la exploración de hidrocarburos, son mecanismos que, vistos como exigencia de derechos ciudadanos, son saludables; sin embargo estos caen en el vacío cuando dejamos de lado problemas ambientales medulares, provocados incluso por quienes decimos ser defensores del medio ambiente y el desarrollo local.