Los Andes

1.- La violencia y la inseguridad de ciudadanía, es noticia de todos los días, desde los linchamientos a supuestos delincuentes, asesinatos, asaltos, violaciones, accidentes de transito, traslados de presos de alta peligrosidad a los penales de la Región de Puno, etc.

En respuesta a esta situación de creciente inseguridad, algunas autoridades como el Presiente de la República, Alan García Pérez, proponen el restablecimiento de la pena de muerte, la renuncia parcial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa rica que proscribe la pena de muerte, muchos candidatos a cargos políticos, cuando son interrogados al respecto, proponen, igualmente el incremento de las penas, a dichos delitos, o medidas de control policial a través del Serenazgo Municipal y la acción de la Policía Nacional del Perú.

El problema de la violencia, como la comisión de delitos, no es un problema solo policial, no es posible resolverlo, exigiéndole a la Policía Nacional del Perú, que lo resuelva, mejorando el control, o aumentando el número de efectivos y comisarias, comprando más patrulleros.

No es un problema de que la legislación penal, en el Perú sea blanda, pro el contrario, contamos con una de las legislaciones más sancionadoras, pero a su vez cae en contradicciones, con leyes sobre beneficios penitenciarios o carcelarios.

Necesitamos tener una legislación penal coherente, que no sea resultado del momento, del estado de ánimo de la opinión pública, también necesitamos un sistema judicial, eficiente, que actúe en forma rápida y oportuna, que resuelva los procesos judiciales conforme a ley, pero que actúa con buen criterio, sin ningún tipo de presión política o de grupos de poder económico, ni de ninguna otra naturaleza, con jueces que actúen probamente, sin sospechas de corrupción.

Hay que tener en cuenta, que los problemas de violencia, tienen en gran parte su origen en problemas sociales, sobre todo en la desigualdad, económica y social, más que en la pobreza. Lo que más irrita a los ciudadanos, es la desigualdad como se distribuye la riqueza que se produce en la sociedad.

El incumplimiento por parte del estado de sus funciones y servicios, es también una fuente que incentiva la violencia social y la delincuencia, por dos caminos, por un lado el que el estado este ausente y no cumpla sus funciones, aumenta y propicia la desigualdad social, ya que el estado es un buen instrumento para implementar políticas de redistribución social, al ser ineficiente o no cumplir con sus responsabilidades, hace muy poco por la disminución de las desigualdades sociales, y por otro lado al no estar presente incumple con su función de brindar seguridad en forma directa, el caso más claro a este respecto, es lo que sucede en la Rinconada en Ananea.

2.- La seguridad ciudadana debe enfrentarse como un problema social, en primer lugar tomar medidas que tiendan a disminuir y más adelante eliminar las desigualdades sociales, en segundo lugar hacer que estado en sus diferentes niveles e instancias cumplan con sus obligaciones y funciones, el Poder Judicial que administre justicia en forma rápida, eficiente y proba, en general todo el sistema de la justicia, desde el Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Contraloría General, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, etc. cumplir a cabalidad sus responsabilidades, para que no hay más impunidad y desconfianza ciudadana.

Hay que enfrentar el problema en forma colectiva, todos tenemos que podemos hacer, desde dar el ejemplo a nuestros hijos, educándolos en valores, los profesores educando mejor, los organismos de control ciudadano como el Serenazgo Municipal y la Policía Nacional del Perú, actuar en forma coordinada, para que las situaciones urgentes o de emergencia, sean atendidas en forma oportuna.

Se deben adoptar medidas como el reglamentar las horas de funcionamiento de las discotecas, lugares de diversión, por ejemplo que cierren, entre domingo a jueves a la 1 de la madrugada, y los fines de semana, que atiendan 2 horas más, que las personas embriagadas deban caminar acompañadas por alguna persona sana y ecuánime, en resguardo de su propia seguridad y la de la población en general.

Hay que desalentar mediante campañas de sensibilización el que la población, haga justicia con las propias manos, que no solo es una forma primitiva sino que es inaceptable; todo ser humano, incluso en el caso de que se trate de los más peligrosos criminales, tiene derecho a que se le trate con dignidad, a que no se maltrate, mucho menos torture o se le quite la vida.

No debe seguirse haciendo los traslados ilegales y arbitrario de presos a cárceles de la Región, Challapalca, Yanamayo y la Capilla, ya que son violatorios de la ley, de los derechos de los detenidos, de sus familiares y allegados y de la población en su conjunto.

Los organismos del estado y la sociedad en su conjunto, debe actuar con una moral y ética superiores a los de la delincuencia, nada justifica responderles con los mismo métodos, la sociedad y el estado deben ser moralmente superiores a los delincuentes.

Con los hechos de violencia, los que más perdemos, es la región, los puneños, juliaqueños, ilaveños, porque se crea una imagen de violencia y salvajismo que alejan a los visitantes y turistas.