Los Andes

“Si el Estado no devuelve los aportes de miles de peruanos al FONAVI, comete delito de apropiación ilícita”, se le oyó decir al ciudadano Alan García Pérez -con el “floro” que él sabe usar- en uno de sus encendidas peroratas de la pasada campaña electoral presidencial.

De esa frase calculadamente efectista, podía deducirse que su gobierno iba a reparar el abuso burocrático consistente en disponer los dineros de los aportantes al Fondo creado esencialmente para contribuir a la solución del problema de escases de viviendas en nuestro país. Empezando por quienes estaban “poniendo la suya”, por supuesto.

Los aportantes (sí, aportantes y no contribuyentes, porque estrictamente la naturaleza jurídica de un aporte es distinta a un impuesto o tributo) al Fondo, creyeron que con la aplicación de los recursos acumulados brotarían en los suelos las ciudades peruanas cantidad de urbanizaciones, con viviendas, si no para a todos, para a una buena parte de los sacrificados trabajadores que mes a mes y año a año veían –y soportaban esperanzados- en sus boletas de pago el descuento pro Fonavi.

Las expectativas no se materializaron sino en mínima proporción. Entonces, un sentimiento de burda, criollísima y masiva estafa perpetrada por anteriores gobiernos y afirmada por el actual, en perjuicio de los fonavistas, se expandió como mancha de aceite en la opinión pública.

Y es que los gobernantes vieron en el Fondo, un gran capital que tenía que ser “aprovechado” en las infinitas formas que tienen los burócratas para “aprovechar los dineros del erario público”. Como vieron que no debían ser los perros hortelanos de sí mismos, echaron mano al FONAVI para fines distintos para el que fue acertadamente creado.

Justificando la apropiación, el mismo presidente y sus adláteres voceros sostienen que los dineros acumulados en el Fondo se usaron en obras de saneamiento, pistas y veredas. El pueblo percibe sin embargo que se aplicaron en su mayor parte a gastos ajenos a la finalidad prevista y lamentablemente a solventar los jugosos sueldos de la privilegiada burocracia, ahora con carnet estrellado.

Tal vez confirmando el significado del popular dicho “una cosa es con guitarra y otra con cajón”, el jefe de gobierno olvidó muy pronto sus promesas justicieras e hizo pasar un vía crucis innoble a las organizaciones representativas de los “fonavistas”, haciéndolas peregrinar de ministerio en ministerio, de oficina en oficina, de cubículo en cubículo, llevando y trayendo gruesos expedientes y más papeles para seguirlos engrosando. Franz Kafka ya había descrito ese penoso andar de quien busca justicia por los inacabables vericuetos rabulescos de las burocracias estatales, en su novela “El Proceso”.

Pero lo justiciero era en realidad la terquedad inclaudicable de los fonavistas. Después de vencer cuanto obstáculo les interpuso el gobierno y su burocracia para hacerles “el perro muerto” con sus aportes, lograron obtener frutos de su empeño glorioso (que sería largo describir) consiguiendo que la devolución sea materia de un referéndum nacional.

¿Cuánto hay que devolver?

Se ha calculado mal -según algunos entendidos- el monto total de la suma que tendría que devolverse a los fonavistas. El gobierno interesadamente proclama en su ilegal propaganda anti Sí –tan difundida en los medios de comunicación- que se trata de veinte y cinco mil millones de soles; monto que es exageradamente inflado según destacados políticos, entre ellos el mismísimo pontífice ideológico de la derecha económica peruana y continental Pedro Pablo kuczynski (La República 28/08) y técnicos como Humberto Campodónico, quienes coincidiendo en parte con la Asociación de Fonavistas afirman, después de complicadas operaciones matemáticas, que la deuda no pasaría de los cinco mil millones de soles. Tremenda diferencia que nosotros no podríamos explicar, pero que pronto podrá saberse.

Los operadores sicológicos del gobierno, discípulos aprovechados de Montesinos, están ideando y aplicando mil y un subterfugios para consumar el robo estatal de los fondos del Fonavi. Empezaron metiendo en el debate el truculento “cuco” de que había que elevar el Impuesto General a las Ventas IGV hasta 23 por ciento o más, para devolver individualmente sus aportes a los fonavistas; lo cual –como es obvio- perjudicaría gravemente a todos los peruanos, especialmente a los de pocos ingresos.

Con esta suerte de chantaje que busca una reacción del electorado contra la devolución, los altos funcionarios del gobierno están luchando ahora a brazo partido para que se cambie el tenor de la pregunta: “¿Aprueba el proyecto de ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo?”, ya aprobada por la ONPE y legalmente inconmovible, por otra, como aquella que sardónicamente publica en primera página el diario Peru21: “¿Está de acuerdo con que le aumente los impuestos para pagarles 20 mil millones de soles a los fonavistas?”. Están luchando también para el organismo público electoral competente les permita hacer propaganda abierta contra el Sí, naturalmente y paradójicamente ¡con la plata de los contribuyentes, entre los que están los propios fonavistas!. ¿Para qué necesitan esa autorización si todos los días nos bombardean con propaganda contra el Sí?

El Sí debe vencer, pero eso sí separando la paja del trigo, es decir estando claros en que el voto por el Sí no arrastra necesariamente el voto por candidatos fonavistas a gobiernos regionales o municipales; puesto que esa opción electoral es distorsionante de los fines que se persiguen con la devolución de los aportes, cualquiera sea la forma que esta revista en el futuro. ><