Los Andes

En el Perú la temática social va ocupando el espacio esperado por la ciudadanía. Una democracia para ser completa debe abordar, al mismo tiempo, los aspectos políticos, económicos y sociales, con mayor énfasis en la integración de las poblaciones más alejadas y débiles del país.

Esta es la percepción pública sobre la labor de las mesas y comisiones multisectoriales. Veamos dos referencias últimas: Acaba de realizarse en Lima la XIV Conferencia Anual por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes - CADEN 2012. En ella se informó que la Comisión Multisectorial encargada del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, integrada por 12 sectores y 6 instituciones del Estado peruano, ha asumido una posición de consenso respecto al anteproyecto de modificación del Código del Niño y Adolescente.

Las delegaciones de niñas, niños y adolescentes al referido Encuentro Nacional, provenientes de Cuzco, Loreto, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Piura, Lima, Callao, Ucayali y Pasco, plantearon a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República cuatro puntos centrales: La incorporación del uso del lenguaje inclusivo. Mención expresa a la prohibición de la violencia sexual y castigo físico y humillante. Derecho de los adolescentes al libre acceso de información, orientación y servicios sobre salud sexual y reproductiva. Creación de los consejos consultivos en diversos espacios y su derecho a la libertad de opinión, expresión y participación.

Estos planteamientos encontraron eco en las organizaciones latinoamericanas, como REDLAMYC. En documento expreso se suman a las voces peruanas, respecto al dictamen parlamentario sobre el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia.

Un segundo hecho es el Programa Nacional Vida Digna, que se inicia en el Cercado de Lima, orientado a las personas adultas en situación de calle. Es fruto de las “Políticas Públicas de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores�.

El Programa orientará su intervención en acción conjunta con las Sociedades de Beneficencia Pública, gobiernos regionales y locales, sector privado y voluntariado. Destaca la participación de la Municipalidad de Lima. Los servicios serán orientados a promover el acceso y restitución de los derechos de las personas adultas mayores, atención en centros de referencia, atención en casas de acogida y estancia, así como acompañamiento y apoyo a la familia.

También recoge avances normativos e intervenciones existentes en la política pública nacional, en el marco de los compromisos internacionales del Estado peruano. Los Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores (CARPAM), serán reforzados para brindar mejores servicios de alojamiento, alimentación completa, vestimenta y otros servicios básicos.

La primera fase del Programa Piloto se ejecutará en siete ciudades: Lima, Ica, Arequipa, Huancayo, Tacna, Huaraz e Iquitos. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el INEI y la Municipalidad de Lima, el grupo poblacional de adultos mayores es el de mayor crecimiento anual en el Perú. La acción pública es una respuesta acertada y también una interpelación a la sociedad en su conjunto, que demanda la intervención del Estado en cumplimiento de su rol de garante de derechos.