Saturday 20.04.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1985 días)
1.- El sábado 11 de enero del 2014, mediante el DS 003-2014-PCM, se ha aprobado la “Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal”, incurriendo en una práctica anticonstitucional de no publicarla en el diario oficial El Peruano, indicando en el artículo 3 de dicho DS, sería publicada en el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La “Estrategia …”, está refrendada, firmada por el presidente de la República Ollanta Humala, por el presidente del Consejo de Ministros y los Ministros de Energía y Minas, Medio Ambiente, Agricultura y Riego, Cultura, Interior, Defensa y Economía y Finanzas.
Dicha estrategia, está diseñada “ha sido creada en concordancia con la política de gobierno de luchar contra el delito de minería ilegal, a través de las acciones de formalización de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental” (Introducción de la “Estrategia”).
La “Estrategia” define como minería ilegal a aquella ejercida... “usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad… que desarrolla (pequeño productor o productor minero artesanal), o sin cumplir las exigencias de las normas… administrativas, técnico, social y medioambiental… o que se realiza en zonas en las que está prohibido su ejercicio, (Definiciones de la “Estrategia”).
Las “zonas de interdicción prioritarias – principales enclaves”, están ubicadas en el departamento de: Puno: la Cuenca del río Ramis en las provincias de Putina, Sandia y Carabaya, la Cuenca del río Suches, en la provincia de Huancané; otros ámbitos: Lechemayo Chico, Carmen y Loromayo, en la provincia de Carabaya.
En Madre de Dios: la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata, la Pampa.
En Cusco: la Cuenca de los ríos, Nusiniskato, Quitari, Tejada, quebrada de Tunquimayo y río Araza, tributario del río Inambari. En la Cuenca del río Madre de Dios, en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno. En Ica: Las plantas concentradoras, en las provincias de Nazca y Pisco.
Asimismo señala que “la Comisión podrá priorizar otras zonas de interdicción a nivel nacional”.
En la parte final del documento de “Estrategia”, se señalan las responsabilidades y actividades que deben realizar los organismos involucrados, como el Ministerios del Interior, Defensa, del Ambiente, Energía y Minas, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, la SUNAT, DISCAMEC, Inteligencia Financiera, etc.
2.- Esta “Estrategia”, parce estar destinada al fracaso, porque prioriza la interdicción, sobre las otras dos áreas, que son la formalización de la minería informal y la remediación ambiental, ya que no contiene medidas sobre estas dos últimas, ni tampoco dice nada sobre las responsabilidades del estado para su implementación.
Los esfuerzos que han hecho los gobiernos nacional y regionales, ha sido insuficiente, y hasta la fecha es un fracaso, tal como ha sido publicado en Los Andes, el jueves 23, donde su primera plana dice “Formalización de minería ilegal es un fracaso”, “De un total de 10 mil 600 mineros de La Rinconada, Ananea, Ancocala y Pampa Blanca, solo 15 están a punto de formalizarse”, el problema o la traba principal, es la exigencia de que presenten un “acuerdo”, “autorización” o “compromiso”, que deben darles los titulares de las concesiones, para que puedan realizar labores mineras, en los terrenos concesionados.
En materia de formalización, todo parece indicar, que el gobierno nacional, no tiene una real voluntad de que se avance en ella, ya que no ha hecho nada por eliminar o modificar la exigencia, de que se presente el acuerdo con los titulares de las concesiones autorizando la explotación minera en las áreas concesionadas, debería darse una norma legal, que obligue a los titulares de las concesiones, a que sino realizan actividades mineras, las concesiones caduquen, o que las transfieran a otros, a cambio de recibir un justiprecio, pero nunca aceptar los arriendos u subarriendos sucesivos.
El gobierno nacional, lo que estaría haciendo es “agotar”, los “procesos de formalización”, para interdictar (reprimir) a los pequeños, medianos y mineros artesanales, prefiriendo a la “gran minería”, ya que a los primeros les limita el uso de maquinarias de gran tamaño, mientras que a la gran minería, no les pone dichos límites.
3.- Con la finalidad de reducir o eliminar la violencia y la comisión de robos, asaltos, y otros crímenes, el estado debe comprar oro, como compra dólares por medio del Banco Central de Reserva, podría comprar oro a través de ventanillas del Banco de la Nación, que podría abrir oficinas en los lugares de producción de oro, como en La Rinconada, Ananea, Sandia, Carabaya, Huaypetue, etc.
El Estado compraría oro, pagando los precios de mercado, y no en forma exclusiva, así ayudaría a disminuir el contrabando de oro hacia Brasil u otros países, así como la violencia y otros delitos, como, robos, asaltos, etc.
El Estado a través de los Municipios, Gobiernos Regionales, Universidades, Ministerios, debe implementar plantas de tratamiento y explotación del oro y plata, alternativos al uso del mercurio, cianuro y otras sustancias tóxicas y contaminantes, el Estado, brindaría estos servicios, no en forma monopólica, y demostraría la viabilidad de los métodos alternativos, menos contaminantes.
El Estado debe construir represas para el depósito y tratamiento de relaves mineros, cobrando el servicio de quienes depositen sus relaves, disminuyendo o evitando que se los depositen en forma directa en ríos, lagunas o el Titicaca.
El Estado debe asumir primero sus responsabilidades, para impulsar la formalización de la actividad minera, para que los mineros artesanales, pequeños, medianos, etc. se vean incentivados u obligados a formalizarse y legalicen.
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