Los Andes

El Estado peruano está construyendo en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y el Mantaro, espacio azotado ahora por el narcoterrorismo, y las consecuencias de la migración de los desplazados por la violencia de años atrás. Se trata de un plan de acción concertado, que constituye un desafío para conseguir el desarrollo local.

Los planes en marcha impulsan la acción multisectorial, inversión en infraestructura física y una dinámica social mediante programas y proyectos orientados a superar las dificultades más agudas de 52 distritos, con una población de 420 mil personas, en su mayoría jóvenes.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, miembro de la Comisión Multisectorial del VRAEM, tiene la función de prevenir y atender los casos de violencia familiar, de la niñez y la adolescencia y sexual, aplicando el PNAIA 2012-2021, y otras secuelas de la vieja estructura económica y social. Se acaba de poner en marcha un nuevo Centro Emergencia Mujer (CEM), en Kiteni, distrito de Echarati, provincia de la Convención, siguiendo los compromisos intersectoriales acordados en el 1er Encuentro del Bajo Urubamba. Las próximas semanas deben funcionar otros dos CEM en Huanta, Ayacucho, y en Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín. En el país ya funcionan 200 CEM, 14 de ellos en Cusco.
Ya se constata que la población aprecia la asistencia puntual de organismos reguladores que siguen de cerca el avance de las construcciones viales, de electrificación, así como la reducción de tasas de interés en los créditos de Agrobanco, el funcionamiento del Fondo de Promoción de la Inversión Pública que asesora para superar el incumplimiento de convenios, en otros aportes.

A estos y otros pasos, acompaña una política de concertación local, como se deduce de las jornadas cívicas que el MIMP participó con el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, Leonel Cabrera, en diversos distritos como Ciudad de Dios, y Mazamari, donde funciona la Aldea Beato Junípero Serra, proyecto que emprende el P. Joaquín Ferrer y que ahora acoge a niños huérfanos y familias económicamente pobres, en un territorio donde el terrorismo afectó a los colonos y las comunidades nativas Ashánincas y no Machiguengas. La Aldea, abierta a 200 niños/niñas internos y a 400 niños/niñas de Mazamari y San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo, confirma la esencia, la primacía del universo local.