Los Andes

El Ministerio público es un organismo autónomo de garantía del ejercicio de la legalidad en todos los actos sociales, obrando como representante de la sociedad en los actos jurisdiccionales así como “… defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública…� por ende es fiscal tiene una misión trascendental en el ejercicio de la ciudadanía y sus actos deberían ser intachables desde todo punto de vista, máxime cuando conocen de actos violentos contra la familia.

Desde la implementación del Código Procesal Penal en la Región Puno, al parecer una buena cantidad de los fiscales no estarían cumpliendo a cabalidad sus funciones, el hecho sucedido con las denuncias archivadas a favor del alcalde juliaqueño David Mamani, donde tuvo que intervenir la población mediante una huelga indefinida y que ahora las resoluciones fiscales de archivamiento de los fiscales en cuestión están siendo valorados por control interno de la entidad, el mismo que tendría una valoración “cuestionada� para los denunciantes que ya no creen en la entidad que debería velar por el cumplimiento de la legalidad en todos los actuados sociales.

Ahora bien, se conoce por rumores en los corrillos del Ministerio Público, que estaría reinando la decidía en la investigación preparatoria, teniendo en cuenta que la función primordial del Ministerio Público es “Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia� esta decidía se observa, cuando en los actuados de la carpeta fiscal no se observa la diligencia en investigar y aportar nuevas pruebas por parte del fiscal, y solo la parte agraviada es la obligada a sustentar de la forma que más le conviene para que sea valorado de acuerdo a sus necesidades, en ésta cadena de investigación de indicios también es de notar que los instrumentos técnicos específicos no están al alcance de los fiscales (laboratorios,…) por lo que urge solicitar una fuerte inyección presupuestaria para solucionar este problema y que los fiscales que “negocian� los casos se vayan extinguiendo paulatinamente.

Ahora bien, a nivel regional más del 90 % de las autoridades municipales entre provinciales y regionales tienen en curso procesos judicializados y dentro de ese rubro un setenta por ciento las denuncias por actos ilícitos cometidos por los alcaldes, regidores y funcionarios públicos están durmiendo el sueño de los “injustos� en la etapa de la Investigación Preliminar. Donde el fiscal es el titular de la investigación, teniendo a su disposición a los efectivos policiales designados a cumplir todos los procedimientos propios de ésta etapa planteados por el fiscal, pero ocurre que los efectivos policiales son los principales interesados en perseguir casos especiales (donde existe delitos fiscales, tráfico de drogas, colusión desleal, peculado doloso,…) y se convierten en informantes de los denunciados. Al parecer por ésta forma de proseguir con ésta etapa más del 90 por ciento de las denuncias realizadas por la sociedad organizada y otros particulares cae en saco roto y el consecuente pronunciamiento en favor del archivamiento definitivo.

Se podría decir que el caso emblemático de la actuación fiscal en la persecución del delito es en el caso del actual alcalde provincial de Puno Luis Butrón Castillo, quien es acusado de cobrar 19 mil 331 soles entre 2008 y diciembre de 2012 por concepto de Pactos Colectivos, cuando este beneficio solo le corresponde a trabajadores nombrados sindicalizados y no alcanza a autoridades elegidas por voto popular ni funcionarios de confianza. El monto fue calculado por una pericia contable. Pero que hasta la fecha no existe sanción judicial alguna contra el burgomaestre puneño, quien incluso ya lanzó su candidatura a la presidencia regional.

En ésta maraña de actos y actuados de los representantes del Ministerio Público, cuatro policías están con internamiento preventivo en el penal de Yanamayo y Lampa, los hechos acaecieron en el distrito de Zepita, donde al parecer la investigación fiscal a los presuntos autores intelectuales de la apropiación ilícita de dinero posiblemente venida de actividades ilegales, fuera repartida entre los efectivos policiales comandadas por una oficial policial y obran videos de la intervención del asistente fiscal, pero que al momento de hacer la denuncia fiscal existe una serie de deficiencias, como por ejemplo se trata de pedir sentencia uniforme a los involucrados, cuando todos sabemos que en la institución policial existe niveles jerárquicos de mando, por lo tanto debería haber también gradualidad en la petición de sentencia. Este hecho tiene una demora por haberla considerado compleja, pero si los actuados fueran realizados conforme a ley, ya el proceso debería haber terminado con una sentencia.

En algunos aspectos el Órgano de Control del Ministerio Público está actuando de forma efectiva, ya mostraron sanciones a fiscales y asistentes que cometieron actos contrarios al decurso legal, pero esos lunares no son los que exige la población, la sociedad exige un trabajo coordinado y el estricto cumplimiento de las funciones y atribuciones del señor fiscal, no la matonería intolerable de los ínclitos preceptos de este poder del Estado, como lo sucedido el pasado jueves 03 de abril, en la comisaría femenina del Pasaje Ramis encargada en casos de Familia, donde con aires de superpoderosa, Lid Gómez Gamarra, fiscal especializada en Delitos Aduaneros, habría agredido a las efectivos policiales verbal y físicamente (jaloneos) exigiendo la documentación que obra en esa comisaria donde estaría denunciado su hermano Vladimir Joel Gómez por el delito de Violencia Familiar. Esta actitud y otras similares, hacen que la población pierda el respeto a esta institución y tratan de hacer justicia consuetudinaria. Hecho que es lesivo al derecho en pleno siglo XXI.