Los Andes

Los gobernadores regionales tienen el espíritu representativo y direccionan en sus jurisdicciones la política del ejecutivo nacional además sirven de puente comunicativo y dirigen las políticas de seguridad ciudadana y son mediadores entre sujetos en conflicto; éstas autoridades son elegidas no sabemos con qué criterios por el Ejecutivo y no rinden cuentas sobre sus actuados a las organizaciones regionales, pero al parecer en nuestra región el gobernador es anodino y simplemente parece que fuera un monigote inerte e inerme por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por algunos efectivos policiales y el incremento de robos, desmanes y asaltos.

No puede ser que una simple movilización con no más de cien personas tenga como resultado una violenta intervención policial, dejando como resultado un hombre de prensa en colapso visual, si miramos retrospectivamente, una unidad vehicular de la región de salud fue acribillado en Azángaro, o los vehículos policiales no cumplen con su objetivo de brindar seguridad a los ciudadanos, sino sirven para transportar a pseudo extorsionadores de incautos conductores o negligentes pilotos.

Nadie está en contra de las protestas pro reivindicaciones, pero cuando éstas protestas afectan el libre tránsito y perjudican el bien común, el gobernador debería identificar la legalidad o ilegalidad de éstos actos sociales o de grupos de movilizados y disponer la pronta actuación de los efectivos represores del estado para que status quo social sea repuesto, pero en nuestra región hasta por la muerte de un gato los ocasionales políticos manipulan a los movilizados, es aquí que debe intervenir la mano del Gobernador regional, pero como sabemos, éste personaje nunca estuvo para valorar las movilizaciones y la transgresión de los derechos de las personas ajenas a las movilizaciones.

Si el representante regional del presidente de la República es anodino e incapaz de realizar su trabajo, que podemos esperar de sus actuados, los robos, asaltos y extorsiones continuarán, aunado a denuncias de proselitismo político de este personaje y encausamiento direccionado en el nombramiento de gobernadores provinciales y no dando soluciones a gritos desesperados de cambio de éstos personajes que incluso contarían con historial de internamiento en un centro de rehabilitación por condena efectiva. Las políticas de Seguridad Ciudadana deben partir del señor Gobernador Regional, y la fuerza pública (Policía Nacional) que está a su disposición debería ejecutar planes y programas de lucha contra la delincuencia común y organizada, así como una profilaxis en los efectivos policiales que atentan contra la seguridad de sus congéneres y son incapaces de distinguir entre lo bueno y lo malo.