Los Andes

En los últimos días para el cierre de las nóminas de los candidatos regionales y en los municipios provinciales y distritales, se puede observar que la mayoría de los nominados son cazadores de oportunidades, ello se desprende porque cada cual no tiene formación ideológica política reconocida. Simplemente son personas que se dejan llevar por sus impulsos electoreros o simpatías ensambladas por diferentes acciones (compadrazgo, amiguismo, etc.) por ello luego de las elecciones al parecer más del 80 % de los municipios del ámbito regional están inmersos en denuncias penales por actos de corrupción.

Existen casos extraordinarios de candidatos que durante los últimos tres meses al parecer cambiaron de camiseta de manera fugaz, conversando, dialogando o negociando con movimientos políticos con intereses sinuosos, hecho que desfigura el principio fundamental de la política y la representatividad popular, entendiendo que se refiere a las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento, en los cuales los sistema de valores son supremos el de la sociedad, quienes delegan funciones a una persona o grupos de personas, pero si estos valores son transgredidos se atenta contra el interés público, y ese público elector es capacitado para regular el mandato mediante los sistemas que la ley lo provee (revocatoria, vacancia,…).

En este entender, son intereses sagrados el dinero público destinado a integrar las necesidades de las poblaciones, por ende los grupos políticos o movimientos políticos, son y deben ser responsables de los actos que sus candidatos hacen con el mando y sus facultades ya sea como alcaldes provinciales o distritales o presidentes regionales, así como de los regidores y consejeros. Quienes deberían velar por una gestión pública transparente, democrática y participativa, desintegrando los intereses o transacciones burocráticas o económicas al margen de la ley. Ello conlleva a que por criterio de conciencia y por el mandato popular éstas autoridades deberían dar paso a la transparencia y a la diversidad de opiniones, siempre en cuando ésta libertad no afecte la integridad moral del ciudadano.

Entonces, las movidas, acogimientos, invitaciones, alquileres o adquisiciones de los cupos para candidatos (existen denuncias soterradas que mencionan que las candidaturas en ciertos movimientos para alcalde tiene un precio y para regidor según el número de la lista tienen otros precios) esta forma de organización hace que las futuras autoridades ingresen al poder para lucrar, cobrar diezmos, negociar y no fiscalizar, como es el espíritu de la ley.