Los Andes

A mediados del año pasado un escándalo paralizó las noticias y cobró un volumen ensordecedor en la agenda mediática: la custodia policial que se hacía de la casa donde habitaba Oscar López Meneses. ¿Quién es López Meneses? Un hombre de confianza de Vladimiro Montesinos durante los últimos años de la autocracia fujimorista y con importantes contactos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Por qué se le custodiaba? No tenemos la respuesta hasta ahora.

El escándalo, sin embargo, fue sonoro y tuvo como consecuencia la conformación de una comisión parlamentaria que se encargaría de investigar estos hechos. Sin embargo, no sólo la constitución de la misma tuvo en el camino más de un tropiezo, sino que el funcionamiento parece, cuando menos, reprochable. Han pasado ocho meses y todavía no se ha logrado esclarecer nada. Por otro lado, el periodismo de investigación ha resultado más efectivo a la hora de develar las conexiones en el caso López Meneses y han logrado elaborar hipótesis sobre la existencia de un manejo de influencias del personaje investigado en los organismo de seguridad, que, todo indica, tendría peso por lo menos en los ascensos de los oficiales.

En medio de este letargo por parte de la Comisión Investigadora en el Congreso ocurren dos hechos. Por un lado, el lunes, la jueza del 52 Juzgado Penal, Leonor Peláez, aprobó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de López Meneses junto con el de otras 19 personas también involucradas en esta controvertida y poco común custodia policial. El pedido a la jueza fue formulado por el Presidente de la Comisión, el congresista Juan José Díaz Dios.

Ahora bien, esta medida resulta amplia y alcanza a diversos personajes tales como el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, Roberto Gómez Baca (Alcalde de Surco), Raúl Salazar y Jorge Flores Goicochea (exdirectores de la Policía), José Cueto Aservi (exjefe del Comando Conjunto de las FFAA), Adrián Villafuerte (exasesor presidencial), entre otros. La medida implica que las empresas de telecomunicaciones tendrán que informar sobre los números telefónicos que los investigados registran a su nombre, dar a conocer el récord histórico de llamadas entrantes y salientes de los celulares, la fecha, hora y duración de las mismas.

Pero además la Comisión Investigadora ha solicitado noventa días adicionales para presentar un informe final. Esta petición será debatida el día de hoy en el Congreso de la República. El parlamentario Josué Gutiérrez, miembro de la Comisión, señaló que esta ampliación resulta importante para entrar a la segunda etapa del proceso de investigación.

Sin embargo, lo preciso es señalar que aun cuando el caso López Meneses constituyó en su momento un escándalo de altas proporciones y aun cuando tanto el Congreso de la República como el Ejecutivo se han manifestado a favor de la investigación contra cualquier acto de corrupción, nos encontramos ante una reacción aletargada y que no encuentra voluntad política suficiente para llegar a buen puerto. A ello cabe añadirle la desidia ciudadana que se ha enfrascado en una suerte de amnesia al respecto del tema, con lo cual no hacemos sino contribuir a fomentar la impunidad.

El día de hoy, esperamos se debata y otorgue los días solicitados a la comisión, pero sobre todo es importante resaltar un tema de fondo y este es la necesidad de insistir cotidianamente en la investigación a fondo y sin descanso de casos que, como este, siguen sin resolverse y sin hallar ni sancionar culpables. Las conexiones parecen ser muchas y tocar diversas puertas. Es derecho de todos y todas acceder a una investigación que revele la magnitud de este caso. De lo contrario, el otrora sonadísimo caso López Meneses, no habrá sido otra cosa que un escándalo de paso y los involucrados podrán respirar, injustamente, aliviados.