El embarazo castigado


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Escribe: Ana María Vidal Carrasco | Opinión - 13 Sep 2014


El embarazo y la maternidad son derechos que las mujeres deberíamos decidir cuándo ejercer y que nadie, mucho menos el Estado, debería castigar. Sin embargo, embarazarse aún es castigado en el Perú.

Y no hablo sólo de la absurda sanción social que recae sobre una mujer que se embaraza antes de casarse o de tener pareja estable: hablo de la discriminación laboral, de las dificultades que tendrá para seguir sus estudios o una carrera profesional, por la escasez de servicios de cuidado, porque el cuidado de hijas e hijos sigue siendo en el Perú una labor exclusiva de las mujeres, y desde el Estado no hay políticas públicas que hagan algo por cambiar esta situación.

Para colmo, desde el Estado no sólo hay omisión, sino que el embarazo sigue siendo incluso motivo de sanción, por ejemplo, en los centros de formación de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Las mujeres que estudian o quieren postular a las escuelas militares aún son sancionadas por tener hijos o hijas, o por embarazarse. Además, el embarazo es considerado causal de inaptitud psicofísica para continuar los estudios. De acuerdo a este reglamento, ante la sola constatación de la gravidez, la alumna es expulsada de inmediato del centro de formación. De esta manera, las Fuerzas Armadas vulneran el derecho a la educación y a la libre determinación de las mujeres, y, además, truncan su proyecto de vida.

En la Policía hubo un ligero avance, a finales de 2012, cuando en su Ley del Régimen Educativo se estableció que no se podía discriminar o limitar el derecho a la educación de las estudiantes por motivos de embarazo o maternidad. Esta medida fue dada gracias al impulso del Ministerio de la Mujer.

Sin embargo, este progreso se ha truncado: Este domingo 7 (un poco irónica, la fecha) el Ministerio del Interior publicó el reglamento de los centros de formación de la PNP. Si bien hace referencia a cómo se tratarán los casos de estudiantes embarazadas, tal como está normado, en la práctica, este ministerio sigue sancionando a las mujeres que esperan un bebé.

De acuerdo a este reglamento, si una estudiante se embaraza, deberá dejar los estudios por un mínimo de 18 meses y un máximo de dos años. Si quiere y está apta para volver antes (o si sólo lo está para retornar después) no puede. No se toma en cuenta que cada proceso es distinto, que cada mujer tendría que decidir cuándo está en capacidad de retomar sus estudios (y no vale argumentar lo de la lactancia materna, porque ésta es un derecho y no una obligación de la mujer, y porque, además, se puede seguir con ella, mediante la implementación de lactarios y la aplicación de regímenes especiales).


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