Los Andes

El 8 de septiembre se ha celebrado el Día Internacional de la Alfabetización y eso permite volver los ojos sobre un problema secular. Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2012, el 6.2% de la población peruana mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, mientras que para el mismo año, Bolivia registró el 5.03%. Esto significa más de un millón y ochocientas mil personas. En el caso del mundo rural, esa cifra llega al 16%. Se sabe que el analfabetismo es producido por la pobreza y contribuye a la reproducción de ésta. Por eso, hay más analfabetismo en el quintil más pobre (17.5%), mientras que en el menos pobre ha desaparecido. Además, hay más analfabetos en Huánuco (16.6%), Huancavelica (15%) y Apurímac (14.5%) que en Lima (2.3%).

Es sabido, también, que existe el analfabetismo funcional, que se abate sobre las personas que no leen con frecuencia y que, por eso mismo, no entienden fácilmente lo que leen. De ahí que, aunque los republicanos inventaron el voto democrático y universal para elegir gobernantes o representantes, las transacciones con los políticos del viejo orden crearon la discriminación política en contra de los analfabetos, so pretexto de que podían ser manipulados por los letrados, excluyéndoles sistemáticamente de las decisiones importantes. En el caso peruano, esa exclusión del derecho al voto –en razón de la escritura– más fuerte y más significativa que la exclusión por el color de la piel, duró desde la reforma electoral de 1895 hasta la Constitución de 1979.

¿Hasta qué punto es cierto que un analfabeto puede ser manipulado políticamente? ¿Son ellos los responsables de que tengamos malos gobernantes? Obviamente un analfabeto tiene menos posibilidades de recibir información escrita que un letrado, pero sabemos que nuestra cultura audiovisual ha superado esa brecha, en lo que a comunicación e información política se refiere. Los electores de hoy, como los de ayer, se informan principalmente en forma oral, a los que se ha sumado el potentísimo mensaje televisivo. La manipulación política contemporánea, más bien, usa otros métodos persuasivos, cuya sofisticación es tal, que requiere estudios universitarios. Y esa manipulación que ejerce el marketing político se dirige a los letrados, que son la inmensa mayoría de los electores.

Pero una cosa es la información y la instrucción escolar y otra el juicio político. Éste depende en parte de las primeras pero no completamente. El buen juicio político, a Dios gracias, tiene que ver con la madurez personal y la conciencia crítica y a ellas casi todos pueden tener acceso, a menos que uno sea analfabeto político. ¿Y quién es el analfabeto político? Según el gran autor teatral alemán Bertold Brecht: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que, el costo de la vida, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan torpe que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas privadas�

¿Quién es el analfabeto político? El que desconoce a los candidatos, desconoce la historia política; desconoce cuál fue la controversia que se armó sobre la creación de las AFP o de las privatizaciones o los contratos mineros, gasíferos, las concesiones de los servicios públicos; la política tributaria, las políticas de compensación social, los latrocinios del pasado y del presente; entre otros temas de interés general. Entonces, si está desinformado, si no se interesa en leer o escuchar los debates, terminará votando por el que habla más bonito, por las caras, por quienes encabezan encuestas, por los que recomienden los amigos o las amigas. Y a los pocos meses, volverá a quejarse y despotricar contra los políticos.

Hace poco El Comercio tituló “violadores, ladrones y narcos entre los candidatos� y con ello se convirtió en el más grande promotor del analfabetismo político, porque después de leerlo, muchísima gente se debe haber sentido asqueada. La grosera manipulación de una media verdad estuvo en que 345 candidatos con sentencias vigentes por esos delitos cometidos eran una minucia insignificante entre los 105,991 candidatos inscritos para las elecciones del 5 de octubre. Fueron titulares que llamaban a escándalo, es decir, a espantar a la gente de la política, del debate, de la vigilancia ciudadana (para dejar el campo abierto a las presiones de los lobbystas a esos políticos debilitados). “Ninguna de las cifras reportadas llega siquiera al 0.5% del total de postulantes. ¿Se puede revolotear el gallinero con estos datos?... Al final, justos pagan por pecadores y la desconfianza ciudadana en la política se agudiza� escribió Carlos Meléndez.

¿Se puede medir el analfabetismo político? El �ndice de Participación Electoral-IPE, creado por el Jurado Nacional de Elecciones sobre los datos de las elecciones municipales del 2010, puede ayudar indirectamente a construir en el futuro ese registro. El IPE ha sido construido a nivel distrital, combinando los datos de cuánta gente fue a votar, cuántos miembros de mesa cumplieron con su deber, cuántos se afilian a las organizaciones políticas, cuánto los electores respetan las reglas electorales y, por otro lado, si los partidos respetan las reglas de juego, cuántos presentan candidatos y si entre ellos se cumplen las cuotas de género y de juventud. A ellos se agregan indicadores tales como la fragmentación, la concentración, la volatilidad o la competitividad política, así como el nivel de organización de la sociedad civil.

Así, por ejemplo, el IPE nos muestra que no hay un reflejo del nivel de bienestar socioeconómico de los electores en su nivel de participación electoral (“a más bienestar, más ciudadanía�). Tampoco se constata relación entre el aporte del Estado a la infraestructura (las famosas obras municipales) con esa participación, pues la lógica diría “a más obras, más contento y participación de los vecinos�. Y menos aún entre el monto de canon recibido por las municipalidades de los distritos mineros y el desarrollo ciudadano de sus habitantes (“a más inversión minera, más canon y más democracia�). Los datos más bien contradicen esas inferencias.

Por ejemplo, el distrito de San Isidro, cuyos habitantes son catalogados en el nivel A de ingresos económicos, y que en el 2010 tuvo un presupuesto municipal de 3,311 soles por habitante, figuró en el puesto 649 por su nivel de IPE entre los 1,639 distritos del país. Por su parte, Echárate, un distrito cusqueño de La Convención, que se ha hecho famoso por las ingentes cantidades de ingresos que tiene su municipalidad por concepto de canon del gas, y que da un promedio de 6,754 soles por habitante, figuró en el puesto 1,547 del IPE. En cambio, el distrito de Carabayllo, en Lima, que figura en el Estrato V de Desnutrición Crónica Infantil, como muchos distritos de la sierra, y que tuvo un presupuesto municipal de 232 soles por habitante, figura en el segundo puesto distrital por su alto IPE.

Uno de los datos más preocupantes es el que indica que los electores del distrito minero de Santa Bárbara de Carhuacayán, en la provincia de Yauli, sólo tienen un IPE de 2.05, cuando el promedio nacional es de 8.02, y figura en el puesto 1,634, pese a que su municipalidad tuvo un presupuesto de 3,897 soles para cada uno de sus dos mil habitantes, cifra capaz de satisfacer todas las necesidades básicas de los hogares. Otra municipalidad que se supone ya solucionó las necesidades básicas de su capital distrital, así como las de sus anexos y caseríos, es la de San Marcos, en Huari, Ancash, pues recibe el canon de Antamina. Con sus 31,707 soles per cápita de presupuesto municipal, debe haber erradicado la pobreza material, pero el nivel del IPE es inferior al promedio nacional y figura en el puesto 934 del ranking.

La conclusión preliminar es que al analfabetismo político no se combate con más dinero en el bolsillo, ni con periodismo amarillo, o con estridente publicidad de los candidatos, sino con persistente actividad y debate políticos, aprovechando los procesos electorales para difundir el abecé de los derechos ciudadanos, criticando el autoritarismo y la corrupción. Hoy por hoy, lo fundamental es cambiar la actitud hacia la política, combatiendo a los políticos corruptos.