Los Andes

La crisis por la que atraviesa el sistema de pensiones debido a su escasa cobertura, apenas el 25% de la PEA cuando era el 37% en 1980, ha resucitado el debate sobre la urgencia de su reforma. En este sentido, en los últimos días se ha presentado una propuesta de tres investigadores de la Universidad del Pacífico. Lo que llama la atención es que una institución tradicionalmente conservadora como dicha universidad proponga quitarle a las AFPs la centralidad que el modelo neoliberal le ha otorgado desde 1993.

Para empezar, esta propuesta busca eliminar la obligatoriedad del aporte de los trabajadores a las AFP y a la ONP (Oficina Nacional Previsional-Sistema Público de Pensiones). Así, se plantean dos escalones: el primero consiste en una pensión básica universal de S/.216 y el segundo, si la gente desea tener una mayor pensión de jubilación, podrán realizar aportes voluntarios a las AFP (Ojo ya no hay ONP). El primer escalón se financiaría a través del 10% del total de lo recaudado por concepto del IGV que todos los peruanos pagan cuando realizan sus compras, mientras que la obligatoriedad de los aportes actuales, nos dicen, puede ser considerada técnicamente como un impuesto adicional que sólo afecta a los 9,37 millones de peruanos afiliados tanto a las AFP como a la ONP.

Para esta propuesta, quitando la obligatoriedad no sólo se podrá lograr que todos los peruanos tengan acceso a un beneficio social sin necesidad de que vean reducidos sus ingresos, en especial los millones de trabajadores cuyos salarios no son lo suficientemente altos y ven cómo mensualmente les quitan la poca liquidez que poseen. También podría hacer que las AFP se vuelvan más competitivas y ofrezcan servicios que convengan a los usuarios para así ganarse un mercado en el segundo escalón y no recibirlo regalado como en el caso de Hábitat.

Este nuevo sistema tendría ventajas adicionales. Se eliminarían las altísimas comisiones –más del 10% de los aportes de los afiliados- necesarias para mantener un sistema privado tan costoso como el de las AFPs. Respecto a la ONP, no harían falta los 20 años de aportes como mínimo para recibir la pensión del primer escalón y, aunque ésta sería menor que la pensión mínima actual, estaría por arriba de lo que reciben actualmente los beneficiarios de Pensión 65 (S/.125) y la gran mayoría de peruanos que hoy en día no tienen ahorros para sus jubilaciones. Adicionalmente, no se tendría que esperar hasta la edad de jubilación (65 años) para poder disponer de esos recursos, ya que se podría tomar un porcentaje para cubrir estudios o emergencias por desempleo y salud.

En los últimos días solo se han escuchado las críticas de la derecha y de las propias AFPs a la propuesta. Estas han estado centradas en la desaparición de la obligatoriedad de los aportes, que les quita a estas últimas el mercado cautivo del que ahora gozan, así como en el uso de los impuestos, IGV en este caso, para pagar la pensión mínima del primer escalón. El caso es que esta propuesta cuestiona lo que han sido los sistemas de jubilación en el mundo, al postular la desaparición del sistema público, es decir de la ONP. Por una parte, limita lo público a una pensión de caridad y deja el mercado de las pensiones, por más voluntario que sea, a las AFPs. El problema de fondo: las pensiones para una vejez digna sigue intocado y los únicos con derecho a jubilarse continuarán siendo una estrecha franja de la clase media.

La solución, sin embargo, no viene por cuestionar la obligatoriedad de los aportes, ni el uso de los impuestos para pagar las pensiones, ni tampoco por generalizar las AFPs como quisieran sus dueños y el oligopolio mediático que reitera sus intereses. La obligatoriedad va de la mano con el derecho social a una pensión. Para que el derecho sea real la pensión tiene que ser obligatoria, de lo contrario no habría plata para pagarla. Los impuestos generales, por otra parte, siempre ayudan a los sistemas de pensiones, empezando por los Estados Unidos, justamente por ser la jubilación un derecho fundamental de la población. El problema está en quién maneja esta función social de las pensiones: ¿el estado o el mercado?

Desde Otra Mirada (suplementos 11 y 23) hemos propuesto una reforma indispensable con dos escalones. El primero es un escalón público, basado en un sistema de reparto, al que aportan obligatoriamente todos los trabajadores. Este sistema debe aspirar a pagar pensiones que permitan una vida mínimamente digna y no sólo los S/ 216 de la propuesta. El segundo, un escalón voluntario, encargado a entidades privadas, entre las que podrían estar las AFPs, para los que quisieran y pudieran tener una pensión más elevada. La diferencia es que el primer escalón busca financiar un derecho mientras que el segundo es un negocio. Así funcionan, además, la abrumadora mayoría de sistemas de pensiones en el mundo, incluidos los Estados Unidos, bajo la responsabilidad última de sus propios estados y no de los vaivenes del mercado.

Saludamos este intercambio y esperamos que el debate continúe y no sea, una vez más, apagado por los grandes intereses en juego.