Hacia la violencia desde la política


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Escribe: Pablo Najarro Carnero | Opinión - 06 Jan 2015

Preocupa a quienes seguimos la política, que se estén generando situaciones de violencia a partir de la misma. Desde el gobierno de Fujimori, hace ya unos veinticinco años, se ha ido gestando en el país una aceptada cultura o sentimiento de corrupción asociada a la política. Hoy es aceptado que ser político es ser corrupto, la gente hoy – cosa increíble – puede aceptar que una autoridad elegida, sea este alcalde, congresista o presidente, haga obras y que robe.

Para nadie es ya raro oír o decir que un proyecto sale previo diezmo. El sistema creado por los políticos, a través de leyes emitidas por el Congreso, permite que un funcionario de nivel robe y tenga su puerta de escape.

En los ochenta, al aprista Alan García terminado su gobierno se le pudo demostrar que había serios indicios de corrupción en las obras por los costos sobredimensionados. Se fue del país, esperó que pasara los años que dice la “ley peruana” para que el caso prescribiera. Así decía la ley a la medida, que si en un tiempo determinado no lograbas capturar al delincuente, el delito prescribe, o sea ya no lo puedes juzgar. García se la pasó entre Colombia y Francia, regresó y fue presidente. Hace poco nomás, el famoso Alberto Quimper, el del faenón de ventas de empresas petroleras, logró extender el juicio y por límite de edad (75) ya no puede ser juzgado. No queda dudas que será lo mismo el caso de los narco indultos.

Con Fujimori pasa lo mismo. Sentenciado y con pruebas que robó al país y gastó millones con la prensa “chicha”, le debe al Perú millones que se llevó en maletas, hasta ahora no devuelve nada. A los acusados por terrorismo se les incautan propiedades, a este ladrón no se le toca. Cualquier rato se muere y adiós millones. Es más, la gente de su partido son “ladrones oficiales” o sea congresistas, su mismo hijo lo es; sí, ese mismo que estudió con nuestra plata.

Ahí no queda la cosa. Hay una ley, de estos congresistas de marras, que dice que una grabación donde se oye componendas mafiosas no es prueba de delito si es que “la conversación” no fue autorizada o de conocimiento del delincuente. ¿Quién comete delito se auto inculparía o aceptaría un audio que lo compromete?. De milagro pasaron los videos del mafioso Fujimori. Pero los audios no. Leyes a medida de los delincuentes políticos.

Lo preocupante ahora es que estos grupos mafiosos, antes tras bambalinas, cuentan ahora con sistemas de seguridad y amedrentamiento. El caso de Ancash es evidente. Si alguien habla, hay un sicario que mínimamente lo mata, si es que no matan a un familiar. Lo grave es que estos grupos mafiosos controlan el poder que los puede condenar. Tienen contactos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial.

La suspensión del primo de “luz verde” Nadine Heredia, el fiscal Ramos Heredia grafica lo dicho. Hasta ahora se protege a un supuesto – hay que decir así, porque sino te denuncia – integrante de esa mafia que manejaba un reducto similar al SIN de Fujimori, le decían “la fábrica”, a esta le decían la “centralita”, me refiero al congresista Heriberto Benítez. Se propone revocarlos, pero el problema creo ya no está ahí.

Los sistemas de control en el Perú, para el caso de la Contraloría devienen en tardos e ineficaces. El sistema político en el Perú y su constitución, permiten delinquir y salir libre. ¿Hasta cuándo?. Parece que esto tiene para rato.


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