Los Andes

Recientemente, se instaló la Comisión Investigadora de las relaciones y penetración del narcotráfico en los partidos y movimientos políticos nacionales que participaron en la última elección municipal y regional. Ya algunas autoridades electorales e incluso el Ministro Urresti, amén de algunos lenguaraces analistas, han adelantado listas y acusados.

Esta es una interesante iniciativa desde el Congreso de la República, institución severamente afectada en su credibilidad, en su capacidad de producir leyes y de realizar acciones de control; por lo tanto, un trabajo asertivo, serio y confiable puede ayudar a proporcionar pistas y propuestas para hacer correctivos indispensables en el proceso de reforma electoral. Su carácter multipartidario, le otorga por un lado un amplio respaldo y legitimidad, pero por el otro, y dado los intereses en juego, puede convertirse en un obstáculo en su accionar y resultados. ¿Por qué?

Algunos podrían pensar que las relaciones entre narcotráfico y política tienen su partida de nacimiento en las vinculaciones ocurridas durante el “fujimorato�, en los años 90, con el protagonismo jugado desde el SIN por el asesor Vladimiro Montesinos y con la complacencia de los principales órganos del Estado encargados de hacer cumplir la ley, es decir las FF.AA, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, esto no es así.

El narcotráfico peruano tiene su partida de nacimiento en los finales de los años 60, incluso antes del gobierno militar de Velasco, cuando empezaba la demanda internacional de cocaína, en la que participaban mafias europeas (Sicilia, Marsella) y latinas (cubanas y luego colombianas). Sería luego con Morales Bermúdez (1975), que la cuestión sobre las relaciones peligrosas se habría puesto en evidencia y en conocimiento cómplice de los órganos policiales de EE.UU, que transaron la transición a la democracia, la Asamblea Constituyente y una política antidrogas basada en la acción policial (D.L.22095, CORAH, ENACO, etc). El desarrollo posterior tiene que ver con varios factores.

Tiene que ver primero, con la dinámica y geopolíticas del narcotráfico a escala global, particularmente en el caso de la hoja de coca, pasta básica y clorhidrato de cocaína, que tuvieron en el mercado norteamericano su destino privilegiado desde los años 60, 70, 80 y 90. En este sentido, algunos opinan que el peso económico del narcotráfico de los años 80 es mucho mayor que el que juega hoy en día. No compartimos esa opinión, pues si antes Perú se producía fundamentalmente PBC ahora, se produce HCL y hemos pasado a ser primeros productores mundiales. Antes se dependía de la tecnología y el poder de las organizaciones criminales colombianas; hoy las organizaciones peruanas tienen la capacidad de concurrir en los viejos y nuevos mercados con absoluta libertad o en asociación con mafias internacionales de diverso origen.

Luego, tiene que ver con los objetivos que busca el narcotráfico en la escala nacional. Primero obtener diversos grados de impunidad, antes, durante y después de las investigaciones y procesos judiciales (por ello, la importancia desde el origen de copar estructuras estratégicas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial); luego, tiene que ver con la forma y modalidades que se desarrollan las acciones de interdicción, especialmente a nivel de la investigación policial. Finalmente, la posibilidad de lavar dineros de origen ilícito. Finalmente, el trabajo de esta Comisión pasará varios tamices; el primero, el relativo a la falta de pruebas, los años transcurridos, el carácter ilegal y secreto de las transacciones. Luego la infaltable negociación que deberán tener sus miembros, algunos de ellos interesados en tapar ciertos antecedentes, como puede ser el caso de los “narco indultos� que revelan la larga historia del APRA con el narcotráfico.