Defensa territorial comunal


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Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 28 Jan 2015

La cruenta muerte de dos efectivos policiales a manos de enardecidos comuneros que luchan para que sus derechos a la tierra y al libre tránsito sean respetados en el Estado democrático en el que vivimos, no hace más que evidenciar la ineptitud del propio Estado y sus representantes en el ámbito regional, provincial y distrital.

Se debe tener en cuenta que existe omisión al deber funcional por parte de algunos organismos estatales que están directamente involucrados para interceder, mediar, negociar e inclusive garantizar la tranquilidad o ser facilitador en el diálogo. Pero no tienen que ocurrir dos víctimas y luego recién dialogar, o seguir con cargos de ineptitud calentando los asientos como si nada hubiera sucedido.

Pero analizando los sucesos existen responsables por omitir el cumplimiento de sus funciones, claro que en esta economía de mercado los inversionistas tienen la voz cantante para resguardar sus pertenencias. Primero, existe una oficina desconcentrada que trabaja en el tema de conflictos sociales, ésta oficina sin la menor duda trabaja a puerta cerrada sin que las personas tengan acceso a los funcionarios que gozan de jugosos sueldos.

Por otro lado está la Defensoría del Pueblo, entidad elefantiásica y al mando de personas que solamente saben lamentarse de todo y en el colmo de los despropósitos institucionales existen personas enquistadas en ésta entidad que no hacen labor positiva alguna a favor de la sociedad, es más se escuchó un audio propalado en radio Pachamama, donde la encargada se desentiende del problema.

De igual forma, es risible la actuación del Comando policial de la subregión asentada en la Provincia de San Román, porque nunca hubo una estrategia para intervenir en la zona en conflicto, además los efectivos del orden son dirigidos supuestamente por un representante del Ministerio Público, no entendemos qué propósito tenía este fiscal al ordenar a los miembros del orden a retirar las piedras del camino bloqueado, cuando ya había habido un acuerdo entre los miembros organizados de la comunidad movilizada y los representantes de la empresa minera (que solamente tiene autorización de exploración y no de explotación).

Más aún para la evacuación de los heridos, nunca hubo personal especializado en atención de primeros auxilios. Entonces, el ejecutivo nacional mediante el señor gobernador, tiene que pedir de inmediato la intervención de una comisión especial para deslindar responsabilidades, identificando a los funcionarios que omitieron cumplir con sus funciones, el organismo de control del Ministerio Público investigar y destituir al fiscal que dispuso la intervención policial sin haber un plan de contingencia y que el Ministerio Público identifique a los responsables de la masacre (autores en todos sus grados) y los encauce para que éste acontecimiento no se vuelva a repetir.


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