Los Andes

Si pudiéramos imaginar el territorio nacional más allá del tradicional mapa, nos podríamos encontrar con imágenes sucesivas que se superponen una encima de otra, a la manera de piezas de puzzle. Si por ejemplo nombraríamos “Amazonia�, probablemente imaginemos: bosques, pueblos nativos, petróleo, ríos, diversos animales, etc. Y si nombramos “Andes�: montañas, pueblos campesinos, nevados, auquénidos, minería, etc. Todas esas fichas- imágenes, son parte de un todo que conforma la idea de país que estamos construyendo.

Sin embargo, el territorio que imaginamos se ve cada vez más acechado por diferentes intereses que no son bien canalizados y que van distorsionando el objetivo final del Estado. Como si todo se revolviera y te intentaran cambiar las fichas verdes por otras grises, imponiendo tonos monocromáticos en esa supuesta construcción conjunta de país. A eso le agregamos que los instrumentos y mecanismos que nos pueden ayudar a gestionar el territorio y establecer un criterio de orden y sostenibilidad, van siendo debilitados y hasta saboteados.

Para hacernos una idea, la presión que ejercen las actividades extractivas se ha ido incrementando de manera exponencial conforme hemos ido creciendo económicamente; y ahora bajo la justificación de una desaceleración económica el Gobierno propone que el principal criterio para “ordenar� el territorio es el libre mercado. Las consecuencias: el 21% del territorio nacional, hoy se encuentre concesionado[1]; de ese territorio concesionado el 49.63% son tierras de comunidades campesinas[2]. Si volteamos la vista hacia la Amazonía encontramos que el 75% del territorio se somete a presión de diversas actividades extractivas, principalmente la explotación de hidrocarburos, concesiones maderables, plantaciones de monocultivos y otras[3]. Nuestro mar enfrenta parecida situación. A esto hay que agregarle la proliferación de actividades como la tala ilegal, minería informal, tráfico de terrenos, narcotráfico y la aparición de redes de crimen organizado, atentas al descalabro territorial que enfrentamos, como el caso de la red Orellana[4].

Esta situación se ve agravada por las acciones que el actual Gobierno ha ido impulsando a nivel normativo. Nos referimos a los cuatro paquetazos que desde mediados del 2013 han sido aprobados para supuestamente promover las inversiones. El primer paquetazo conformado por el D.S. 054-2013-PCM, D.S. 060-2013-PCM, Ley 30025. El segundo paquetazo un serio golpe a la institucionalidad ambiental y territorialidad Ley 30230[5]; el tercer paquetazo: D.S. 001-2015-EM[6], Ley 30264 y el cuarto paquetazo: proyecto de Ley 3941-2014-PE[7]. Normas que han ido debilitando los estándares ambientales y facilitando el acceso a la tierra y territorios indígenas. Leyes ómnibus que legislan sobre todo tipo de derechos borrando de un plumazo lo poco avanzado en protección de derechos y políticas públicas en favor de los ciudadanos.

En suma la presión de actividades extractivas, actividades ilegales, combinada con un gobierno centralista cada vez más débil en el terreno para establecer criterios claros para ordenar el territorio, conforma una fotografía de verdadero caos territorial. Tierra abonada para permanentes conflictos. Solo en marzo la Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos[8], de los cuales 141 son conflictos socioambientales: 94 de minería, 22 de hidrocarburos. Nada menos que un 66,8% del total. Pero además el Gobierno central se trata de ocupar de la resolución de 129 de ellos, es decir del 61,1%. Lo que cada vez parece más insostenible primero porque es imposible atender las múltiples demandas de diversos conflictos a través de un ente centralizado como es la Oficina de Dialogo de la PCM y segundo porque muchos conflictos como Conga, Pichanaqui y recientemente Tía María, desbordan los débiles mecanismos para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos inmersos en una protesta, cuyas causas en cierta forma, han sido generados por el propio gobierno.

Esta situación está haciendo precaria la convivencia entre peruanos y nos sigue llevando a un espiral de conflictividad, que se expresa en la mal llamada “ley de la selva�, puesto que ahí donde se supone no hay orden existe una ley natural, la del más fuerte. Fuerza que se mide económicamente, tal como lo quiere el neoliberalismo; donde la cooptación del Derecho está “constitucionalizando� los intereses económicos de los más poderosos para sus fines convenientes, como es caso de leyes que fomentan el acaparamiento de tierras para actividades extractivas o debilitan los estándares ambientales; quitándole contenido a uno de los pilares de la democracia, el Estado de Derecho puesto al servicio del bienestar común de todas y todos los peruanos.