Los Andes

Como siempre, la criollada peruana tiene mucho que ver con la irrupción. Atentando contra el statu quo legal, las unidades minivan que ofrecen sus servicios interregionales que acortan distancias y tiempo a viajeros de esta parte del país, de alguna forma alivian la estadía en las regiones del macro sur (tres horas y media demoran los viajes de Puno a Arequipa, Moquegua y Cusco, mientras que cuatro horas es el promedio para arribar a Tacna), a los ciudadanos que por motivos familiares, laborales o comerciales, urgen viajar sin descuidar sus intereses en las regiones de origen, por lo que las serias disputas entre las empresas de transporte rápido tienen que tener un disloque dialogado o las autoridades del sector transporte (región o el nivel central) de una vez legislen esta actividad laboral; y si se aprueba su continuidad a favor de los pasajeros, entonces se implementen los counters en los terminales interregionales, los que los alejan de las calles y la inseguridad.

Ahora bien, estas unidades están debidamente organizadas y prestan sus servicios a los pasajeros porque “indujeron� al error a las autoridades del Ministerio de Transportes y comunicaciones (‘inducir’ es una forma de decir al transporte de este tipo, porque presuntamente deberían servir para trasladar turistas e incrementar la operatividad de la industria sin chimeneas; los dirigentes alegan tener los documentos en regla y que regulan las tarifas de las empresas que salen del terminal puneño), pero no se precisa que estas empresas de “turismo� deben prestar sus servicios a personas que no van de turismo, pero sí en busca de actividad laboral o cuidar sus negocios o propiedades. Ahí está el dilema que prontamente debería ser evaluado por las autoridades del nivel central, pero a pedido de nuestras autoridades, que parecen estar atadas de manos y pies para actuar; si este impase continúa, los perdedores serán los usuarios de este tipo de servicio.

Si hace semanas hubo una gresca entre empresarios supuestamente puneños y arequipeños, porque una de las empresas rebajó los precios de pasaje y al otro empresario no le gustó, entonces estamos hablando de una libre competencia, pero los altercados trasuntan a pleitos que perjudican a terceros, tal es así que los pasajeros no saben qué hacer cuando los incautos empresarios y sus choferes arman sendas luchas campales (inclusive hace semanas una de las empresas ha secuestrado a un reportero de prensa por solamente cumplir con su misión laboral, cometiendo un concurso de delitos que el Ministerio Público no operativiza la Denuncia Penal pertinente) por lo que urge tomar las medidas de corrección debida y los ganadores sean los pasajeros, porque realmente es necesario un sistema de transporte rápido y seguro.