Thursday 25.04.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1990 días)
Quellouno es uno de los distritos de La Convención, por donde pasará el Gaseoducto Sur Peruano. El alcalde, Roberto Quecaño, así como las organizaciones sociales, firmaron un convenio de cooperación con la empresa Odebrecht, constructora del ducto.
Los acuerdos son: 1) contratación de mano de obra local con los beneficios señalados por la ley; 2) inversión en programas de desarrollo social y contratación de bienes y servicios; 3) Implementación de un plan ambiental monitoreado por las organizaciones sociales del distrito.
Estos compromisos se lograron luego de una tensa negociación entre la empresa y la población de Quellouno. El Gobierno Regional y el MEM están al margen de la inversión más importante para el sur peruano.
Los “presidenciables” Marco Arana y Verónica Mendoza, del “Frente Amplio”, señalan que no debe explotarse los recursos naturales (minería, pesca, gas, petróleo, etc.). Que el crecimiento económico debe organizarse en torno a la agricultura y la ganadería. Solo el 18.5% del territorio es apto para la actividad agropecuaria, insuficiente para alimentar a todos los peruanos.
Arana y Mendoza se oponen a toda inversión pública o privada vinculada a recursos naturales. Para esto desarrollan varios frentes: el académico, en la que hacen una crítica fanática a la explotación de los recursos naturales; el político, cuya estrategia es denunciar de corrupta toda inversión; y tercero, difunden a través de su partido ONG que la explotación de recursos naturales “contaminará el agua y dañará el medio ambiente”.
Los operadores de esta predica son los dirigentes llamados “sociales” y conocidos como los “lentejeros”. Pepe Julio Gutiérrez -militante del Frente Amplio- extorsionaba con “medio millón de lentejas” para “no incendiar Cocachacra”.
En Quellouno, los militantes de “Tierra y Libertad”, Henry Centeno (candidato a alcalde en Quellouno), y Dante Quispe (señalado por los dirigentes sociales de Quellouno, Quillabamba y Vilcabamba de “corrupto”). Hace 12 días han tomado el Puente Carmelo en el centro poblado de Palma Real en Echarati, impidiendo el tránsito de los vehículos de Odebrecht.
El Frente Amplio se esconde en el “Comité de Riego de Campanayoc-Merdesniyoc” y en una plataforma “exótica”. Cobardemente se escudan con mujeres, ancianos y niños, ante las amenazas de los ciudadanos de Quellouno de desalojarlos. En la Convención no existen autoridades de ningún tipo. Es una tierra que gobierna el más fuerte.
La empresa se ha retirado de Quellouno. Se han despedido a cientos de trabajadores, se han cancelado contratos de servicios (hoteles, restaurantes y otros) por falta de seguridad. Miles de agricultores viven con miedo a la violencia.
Marco Arana y Verónica Mendoza pontifican contra el “modelo primario-exportador”. No saben que el GSP es imprescindible para la diversificación de la economía en la macro región sur peruana. Tienen un doble discurso: hablan de fomentar las inversiones público-privadas y, sin embargo, sabotean soterradamente las mismas, con argumentos pueriles.
Las organizaciones sociales, el alcalde distrital, los alcaldes de los centros poblados, el Comité de Lucha de la Convención, la Fepcacyl, el alcalde provincial de La Convención, acordaron convocar al Gobierno Regional, al MEM y a Odebrecht a dialogar para lograr mayores beneficios a las comunidades y despejar dudas del estudio de impacto ambiental.
Este diálogo es saboteado por “Tierra y Libertad”, por órdenes de Marco Arana, como afirman en la Convención. Los trabajadores despedidos y las organizaciones sociales se organizan para enfrentarse violentamente a los dirigentes de “Tierra y Libertad”.
Lima está al margen del Perú, que camina lentamente a la violencia política.
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