Los Andes

El solo hecho de contratar personal sin concurso público en plazas orgánicas debería merecer la intervención del Ministerio Público, pero la presunta e irregular disposición de compromisos y devengados (Inf. 07/2015-ACP-UE-REDDESALUDPUNO) tiene que ser parte de una denuncia penal, previo proceso administrativo, intervención de La Contraloría y salvaguardar más de medio millón de soles, además de disponer al libre albedrío los dineros proveniente de la emergencia sanitaria canina (pago de dietas a personal que nunca realizó labor alguna). Solo tres perlas que fueron denunciados en los diferentes medios de comunicación, pero que ninguna autoridad competente sale en defensa de la legalidad, peor aún parece que en el gobierno regional están complacidos con la labor de los funcionarios que laboran en la Red de Salud Puno.

El hecho actualmente está en los fueros del Consejo Regional y existe una comisión de investigación investigadora quienes deben poner a debate las conclusiones de los actuados, pero si esta comisión ha trabajado de manera coherente con la labor de fiscalización seguro que exigirá sanción ejemplar para los funcionarios incursos en actos delictivos, porque estas simples tres “perlas� se enmarcan en los delitos cometidos por funcionarios públicos en contra de la administración pública. Extraoficialmente se conoce que existe constantes tiras y aflojes entre los propios trabajadores, quienes ni siquiera pueden laborar en forma armoniosa porque los intereses ladinos de unos perjudica la correcta administración de esta unidad ejecutora, que dicho sea de paso hasta la fecha parece ser un apéndice de la Dirección Regional de Salud y no una entidad autónoma.

Por lo pronto, urge la intervención de la Dirección Regional de Salud para determinar la comisión de actos delictivos por parte de los funcionarios de la REDESS Puno, de igual forma la comisión investigadora del consejo regional, en sesión ordinaria emita los resultados del proceso de investigación y formule las medidas correctivas que el caso requiere y si la opción es la intervención de una comisión de gobierno, de una vez ésta debería ser instalado, aquí también el gerente de desarrollo social tiene que decir su verdad (extraoficialmente se conoce que los contratos irregulares pertenecen al partido del Pico) e intervenir de oficio, porque los únicos perjudicados son los pacientes y personal administrativo que cumple sus funciones cotidianamente.