Los Andes

La actividad minera en el país está asociada a un alto grado de conflictividad social. Las principales causas por las que se generan los conflictos sociales pueden ser: Temor a la contaminación, desconfianza en las empresas y desconfianza en la capacidad estatal para hacer cumplir la Ley.

Hasta octubre de este año, la Defensoría del Pueblo ha reportado 214 conflictos sociales, 3 menos a comparación de octubre del 2014; de estos 214 conflictos, 147 son de tipo socioambiental, es decir, el 68% de los conflictos reportados a nivel nacional tienen relación con la actividad minera, seguida de las actividades de hidrocarburos y otros.

El tipo de conflicto socioambiental se explica porque la dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos, y también tiene componentes políticos, económicos, sociales y culturales. Cabe mencionar que conflicto social y violencia no son lo mismo, ya que la violencia es la manifestación destructiva del conflicto social, y que la vigencia de un conflicto se determina por 3 estados, conocidos como “Activo�, “Latente� y “Resuelto�. Entendamos conflicto activo como la expresión de alguna de las partes o terceros mediante demandas públicas formales o informales, tal como lo vienen expresando los pobladores de la Cuenca Ramis.

Nuestra región reporta 19 conflictos sociales que representan el 8,9% de conflictos a nivel nacional, 10 están calificados como Activos, 8 de los cuales son de tipo socioambiental; dentro de esta cifra, se encuentra como caso Activo el conflicto social identificado en la Cuenca Ramis. Desde el 2007, a este respecto, se han desarrollado distintas actividades de organización, como los 4 congresos de carácter nacional e internacional, con participación de los entonces Presidente Regional, Congresistas de la República, ONGs y dirigentes Bolivianos. Acciones destacables como las ya conocidas y de mayor relevancia ocurridos en junio del año 2011. Hasta octubre último se consideraba como conflicto en “diálogo�; sin embargo, la poca habilidad para sintonizar con la población, respuestas nulas por la remediación y otros aspectos, han generado el pedido de renuncia del “Alto Comisionado� y su expulsión de una reunión de trabajo. Esto anima a los pobladores afectados a no solamente realizar las protestas correspondientes, sino también a buscar el diálogo directamente con la Presidencia del Consejo de Ministros.

Ante ello, las propuestas serias y coordinadas de carácter político, social y legal se tornan obligatorias, no solamente para el Gobierno Central; los gobiernos locales asumen también parte de esa responsabilidad de trabajar por la remediación, y una de las acciones más resaltantes es la conformación de la “Mancomunidad Municipal de la Cuenca Altoandina del Río Ramis, Afluente del Lago Titicaca�, una respuesta técnica ambiciosa para empezar a remediar y recuperar las zonas afectadas por la minería informal, gran iniciativa de los distritos de Asillo, San Antón, San José, Achaya y Antauta, mediante sus alcaldes dispuestos a tomar decisiones relevantes. Por su parte el Gobierno Regional, conjuntamente con las Municipalidades Provinciales, ANA, ALT, PELT, Colegio de Ingenieros, Colegio de Biólogos y la Universidad Nacional del Altiplano, en mérito al Decreto Supremo 075-2013 PCM, deberían asumir su rol y sus funciones, como la de promover la formulación de un programa integral de inversión pública multisectorial para la prevención y recuperación ambiental de la cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes. Dicen que guerra avisada no mata gente; entonces: ¡Conflicto Activo, señal de alerta!