Tuesday 23.04.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1989 días)
Hasta mediados del siglo XX (1950), el Perú era un país agrario. Las dos terceras partes de la población vivía en la sierra y la agricultura era la fuente de riqueza nacional. Aproximadamente hasta 1956, las exportaciones agropecuarias superaban a las mineras.
En 1956 se inicia una movilización democrática contra el gamonalismo y la servidumbre indígena. La reforma agraria se había convertido en un consenso nacional que hasta la otrora poderosa Sociedad Nacional Agraria convenía con ella y discutía la magnitud de la misma.
La reforma agraria peruana era importantísima para la geopolítica norteamericana y promovieron el Proyecto Vicos (Áncash) patrocinado por la Universidad de Cornell y la dictadura odriista (1950-1960). El objetivo era acabar con la servidumbre indígena y presentar un modelo de reformas que evite el crecimiento del comunismo en América Latina.
El presidente Manuel Prado, en 1956, formó una comisión para “la reforma agraria y vivienda” que no funcionó. En 1962, la junta militar golpista de Lindley abolió la servidumbre indígena y legitimó la ocupación de tierras en los valles de La Convención y Lares. En 1964, en el gobierno de Belaúnde, se dio una tímida ley de reforma agraria que no se aplicó, hasta la “radical” reforma agraria del velasquismo (1969), impulsada por la ceguera de la clase política.
La reforma agraria expropió aproximadamente 15 mil 826 propiedades y más de 9 millones de hectáreas que se adjudicaron a 379 mil beneficiarios. La tierra cambió de dueños del hacendado al Estado, a través de las cooperativas y Sociedades de intereses agrícolas, y el indio peruano se convirtió en campesino socio de las cooperativas, obrero en las SAIS y pequeño parcelero en las comunidades campesinas.
El fracaso económico de la reforma y la demanda campesina por la propiedad de la tierra originó la reforma de la reforma agraria. Los campesinos de las cooperativas y del SAIS iniciaron un acelerado proceso de parcelación de las tierras irreversible. El fujimorismo, a través del decreto legislativo 653, derogó la ley de reforma agraria y liberalizó la propiedad agrícola, y eliminó la restricción de inversión (artículo 5 de la constitución de 1993).
El Perú tiene una extensión territorial de 1’285 215,60 Km2. Superficie agrícola es 7’12500 Has. (El 18%). La superficie no agrícola es 31’ 617 457 (el 81%). La Sierra posee el 57,5% de la superficie agropecuaria, la Selva posee el 31,1% y la Costa tiene el 11,5%. Según el censo agropecuario del 2012 la frontera agrícola se ha incrementado desde 1994 en 3’ 360.7 de Has. 9.5%.
La falta de agua impide el desarrollo de la agricultura en la costa en un 55%; en la sierra, en 32%; y en la selva, en 13%. También, la falta de crédito limita el desarrollo agrícola. Existen 5 millones 191 parcelas a nivel nacional y el promedio de las parcelas es 2,8 Has. Tenemos 6277 comunidades campesinas y 1322 comunidades nativas (datos del censo agrario).
Alan García propone el canon comunal minero. Dinero que será entregado a las comunidades campesinas a través de núcleos ejecutores para que ellos realicen obras comunales y evitar conflictos sociales. Esta puede ser una medida aislada sin una verdadera reforma en la agricultura.
La agricultura requiere urgente infraestructura (grandes y medianos reservorios); riego por goteo; represamiento de la cuencas más importantes; crédito agrícola, cadena de frío, carreteras, titulación de tierra; capacitación técnica y productiva. Ningún candidato dice nada. Los agricultores esperan sus propuestas.
¿Está usted de acuerdo con el proyecto de remodelación de la Plaza de Armas de Puno?