Los Andes

Este artículo es escrito por el ciudadano, no por el periodista. Desde muy niño fui testigo de las luchas del pueblo puneño. Mi padre, Fortunato Apaza, fue dirigente de los comerciantes del Mercado Central. Yo lo acompañaba en sus extensas asambleas hasta muy entradas las noches. También de niño, aún escolar, vi cómo centenares de madres de familia, madres comerciantes, madres empleadas y también las desocupadas, participaron de la recordada “marcha de las mechachúas� reclamando la construcción de la Hidroeléctrica de San Gabán, porque ellas, más que todos, sabían de las dificultades que se pasaban todos los días con la insuficiente energía eléctrica que nos brindaban los viejos motores de la planta eléctrica de la avenida Floral.

En mi época de colegial, apenas estaba en primero de secundaria y participé de la histórica huelga carolina de los trece días que sirvió para conseguir, de parte del Gobierno Central, la transferencia de la “Pampa Zúñiga�, terreno donde hoy se levanta el local del Glorioso San Carlos de la avenida El Sol. Tiempo después, ya ejerciendo el periodismo práctico o empírico, hemos sido testigos de otras jornadas memorables de lucha social. Los paros regionales por la carretera transoceánica, por la zona franca y la masiva movilización después del infausto 29 de mayo del 2003, en que murió un estudiante universitario y otras 50 personas, quedaron heridas a consecuencia de la represión policial y militar ordenada por el gobierno de Alejandro Toledo, entre otras inolvidables manifestaciones de solidaridad y protesta de los puneños.

Ahora que se ha decretado un paro regional reclamando la viabilidad del proyecto de las diez plantas de tratamiento, en cumplimiento del ofrecimiento y compromiso asumido por el presidente Ollanta Humala y su gobierno, estoy convencido que estamos ante otra jornada de lucha que será registrada en la historia como importante y trascendental.

Este acuerdo nos convoca a todos, somos beneficiarios que podemos terminar como perjudicados. Existe un problema y una necesidad. El problema es que la bahía del lago Titicaca está contaminada y los que habitamos a sus orillas somos los responsables porque nuestros desagües van casi directamente a mezclarse con las aguas del lago, y se corre el riesgo, si es que no está ocurriendo ya, que un sector de la población esté consumiendo ese líquido contaminado que EMSAPUNO, a través de la captación de Chimu, precisamente “capta� el líquido elemento que después distribuye como parte del servicio que llega a los domicilios. Entonces la necesidad es urgente. Solo con una planta de tratamiento en la ciudad de Puno y en las otras zonas habitadas que se encuentran en el anillo circunlacustre se podrá evitar que sigamos contaminando el más valioso recurso natural que tenemos.

Es cierto que hay procedimientos y requisitos técnicos que cumplir. Sin embargo, es un imperativo que el Gobierno Central dé muestras de voluntad y decisión política de, por lo menos, tratar de cumplir en algo con el compromiso asumido. Y eso pasa por lo siguiente:

¿Quién puede ordenar a PROINVERSIÓN para que realice la evaluación de la documentación presentada por Graña y Montero con la mayor cantidad de técnicos para hacerla en el tiempo más corto posible? El Gobierno Central.

Si se cumple este requisito, ¿quién tiene la posibilidad de dejar en calidad de viable el proyecto de las diez plantas de tratamiento? Pues el Gobierno Central.

Entonces, ¿estamos exigiendo un imposible? No.

El paro regional está convocado para el 31 de mayo y el 5 de junio, el gobierno regional tiene el tiempo suficiente para dar esos pasos y así evitar el paro y cumplir con Puno y los puneños.
Es decir, la pelota está en la cancha del Gobierno Central.

Quienes también están comprometidos con Puno y su jornada de lucha, son los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y PPK, los que, de manera conjunta o por separado, deben pronunciarse y comprometerse a priorizar la continuidad y ejecución de este proyecto, salga quien salga elegido.

Es decir, Ollanta Humala debe acelerar el proceso de evaluación de PROINVERSIÓN y firmar el decreto que declare viable el proyecto; el próximo gobernante debe seguir el proceso, declarar de necesidad pública el mismo, y continuar con el proceso.

Si no logramos que se den esos pasos, será otro año perdido y probablemente llegue el bicentenario del país y no tengamos plantas de tratamiento, y sigamos contaminando el Lago Titicaca. Algo sinceramente imperdonable.

Por esas razones, yo apoyo el paro regional.

Salvo mejor parecer.