Los Andes

Pese a que en nuestra primera casa superior de estudios se forman profesionales en ciencias de la comunicación social y que actualmente están en proceso de acreditación ante la Sunedu, los egresados no tienen oportunidades laborales porque en las instituciones públicas y privadas las áreas de comunicación para el desarrollo, relaciones públicas, comunicación organizacional y afines, están siendo ocupadas por empíricos, pese a que existen normas que regulan el ejercicio profesional y que en los instrumentos de gobierno interno de esas entidades, sobre todo públicas, se establece que el cargo debe ser ocupado por un profesional colegiado de las áreas afines a las ciencias de la comunicación social o periodismo. Esta omisión, según el ordenamiento legal, es causal de vacancia para la autoridad electa y consecuentemente la incoación de acciones legales ante el ente jurisdiccional correspondiente.

Al respecto, el decano del Colegio de Periodistas, ni mucho menos los docentes de la escuela profesional de ciencias de la comunicación, hasta la fecha dicen o mencionan algo, pero sí se benefician por ejemplo con la cátedra universitaria y solo se interesan por sus intereses económicos y no de sus egresados, que son ninguneados al ponerse a “trabajar� como camarógrafos o secretarios, mas no ejercen una labor como cualquier otro profesional, inclusive existe una deliberada acción contraria a la legislación en las unidades de gestión educativa, donde profesores o pseudo periodistas prácticos trabajan en las áreas de relaciones públicas. Mientras el señor decano del Colegio de Periodistas no hace nada por defender la profesión y emplazar a las autoridades de todas las áreas públicas a contratar a personal de la especialidad, tal como se contempla en el reglamento de organización y funciones, manual de organización y funciones y otras directivas.

Es menester señalar que la profesión en cada una de las especialidades tiene su ámbito de influencia específica y el laborar en un área que no le corresponde se considera ejercicio ilegal de la profesión, por lo tanto existe jurisprudencia al respecto. Distinta es la opinión ejercida en los diferentes medios de comunicación, entendiendo que opera la libertad de expresión del pensamiento; esa interpretación auténtica tiene relación con la múltiple jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, al parecer los propios docentes que ejercen cátedra universitaria, en una gran mayoría, según fuentes extraoficiales, no tienen la habilitación profesional correspondiente, y se amparan en un nombramiento, lo propio sucedería en algunas entidades públicas con trascendencia jurisdiccional. Entonces, es hora de que el decano del Colegio de Periodistas haga respetar los derechos de sus agremiados y exija el cumplimiento de la norma en las entidades públicas del Estado.