Los Andes

El radicalismo antiminero intenta desatar un conflicto social en contra de Las Bambas a fines de setiembre, “conmemorando� las protestas del año pasado. Como se recuerda los “cuestionamientos� del radicalismo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habían acordado el estado, la empresa, y las comunidades, para Las Bambas habrían desatado ese conflicto. ¿Fue la verdadera causa?

Cuando la empresa quiso construir el mineroducto (tubería para transportar minerales), los radicalistas antimineros se opusieron. Ahora que se ha reemplazado el mineroducto por una carretera, el radicalismo también se opone. No hay, pues, temas ambientales de fondo, sino el claro intento de detener las inversiones mineras para agravar la desaceleración y propiciar el regreso del estatismo.

No obstante el fracaso en detener el megaproyecto que ahora avanza a velocidad, el radicalismo antiminero persiste de manera casi desesperada. Hoy la estrategia es relativamente parecida: forzar una revisión del EIA y apuntar a “modificaciones� que nunca serían aceptadas por “las comunidades�; tal como, por ejemplo, sucedió con el proyecto Conga en Cajamarca.

Si las cosas avanzan en ese sentido, entonces, queda absolutamente claro que el nuevo Gabinete Zavala tendrá su primera prueba de fuego con esta posible protesta. Y, de una u otra manera, podría marcar el inicio del fin de la luna miel de la que hoy parece gozar la administración pepekausista. De allí, la importancia de que el Ejecutivo entienda que uno de los problemas que le ha dejado el humalismo es el incumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de desarrollo de Las Bambas, luego del conflicto del año pasado. Y por ello, es vital que el gobierno regional de Apurímac y los gobiernos locales —con todo el soporte del Ejecutivo— le metan acelerador a la ejecución de los S/. 52 millones provenientes de las regalías mineras que el MEF les acaba de transferir. Hay que tomar el rábano por las hojas y trabajar contra el reloj.

Pretender golpear a Las Bambas es pretender golpear al Perú. Atentar contra un megaproyecto minero que suma una inversión de US$ 10,000 millones, que le agrega aproximadamente 1.5% al crecimiento del PBI nacional, que incrementa sustancialmente el PBI regional de Apurímac y que aumenta los ingresos del distrito de Challhuahuacho de 1.6 millones a 15 millones, es un verdadero crimen social en un país que todavía tiene más de 20% de su población en pobreza.

Si en el Perú hubiese un sistema político saludable, hace mucho tiempo ya se habría producido una movilización nacional en defensa de Las Bambas. La izquierda intenta parar este proyecto y la inversión minera en general, porque pretende profundizar la lentificación económica, de manera que la impaciencia se desate y se construya un escenario favorable para las propuestas estatistas en el 2021. Es evidente entonces que ni el pepekausismo ni el fujimorismo pueden permanecer indiferentes frente a esta estrategia que, si bien todavía no se visibiliza en los medios masivos, sí se presenta muy activa en redes sociales y en la agitación local.

Después de los resultados de las elecciones nacionales que señalan que más del 70% de los electores se pronunció a favor de propuestas promercado, la estrategia radical no puede prosperar. El Ejecutivo y el Legislativo revelarían una cuestionable incapacidad ante una estrategia que logró paralizar Conga, Tía María y otros proyectos. La idea de que el nuevo Gobierno desarrollará una nueva voluntad estatal se difuminaría muy rápidamente, mientras las comunidades y localidades adyacentes a los proyectos mineros volverían a ser presas fáciles de la prédica radical.