Los Andes

Actualmente somos testigos de los vaivenes de la administración pública dentro del Gobierno Regional Puno; y es que, mientras el gobernador Juan Luque trata de majaderos a los movilizados, los huelguistas denuncian que hay maquillaje en la presunta inversión pública regional. Como para ironizar, el mandatario regional dijo que siempre les dio los “gustitos� que pedían a los dirigentes del Gobierno Regional (una canasta navideña valorizada en mil 200 soles, dotación periódica de ternos, días libres para celebrar cumpleaños, etc.) lo que nos da a entender que nunca existió una sistematización profesional e idónea de la Administración del Personal; más al contrario, al parecer nos dio a entender que los funcionarios y el propio Juan Luque son títeres del personal nombrado.

El Consejo Regional y el Ejecutivo Regional están en las manos de los trabajadores nombrados, porque según los dirigentes, “también los funcionarios, el gobernador regional y los consejeros, habrían tenido la jugosa canasta sin merecerla�, por lo que tienen que atenerse a las consecuencias si es que el Ejecutivo Regional no cumple con las promesas hechas. Sinceramente, algo no está bien en la administración regional; tenemos conocimiento que la gerente Guillermina Cañapataña es la funcionaria que más ha luchado por la reivindicación económica de los trabajadores nombrados, porque si nos remontamos al periodo de gobierno de José Mengoa Salcedo, se incrementaron los sueldos y salarios de los nombrados. Cañapataña Larico fue la presunta promotora de dicho “movimiento�, pero como ahora no se cumplen con los pedidos caprichosos de los nombrados, entonces ahora la enemiga es ella; por eso, los quejosos enfatizan que si no es removida del cargo, continuarán con su paralización.

Entonces, ante intereses mezquinos y nada objetivos para la elucubración de la defensa laboral, inmediatamente se debe tomar las medidas correctivas que el caso amerita mediante la unidad de procesos administrativos, identificando a los líderes del complot laboral y someterlos a veredicto imparcial. Del mismo modo, el Ejecutivo Regional debe solicitar al ente fiscalizador y normativo (Consejo Regional) la aprobación de un proyecto de Ordenanza Regional, donde se someta a la jurisdicción de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) a todo el personal estable y contratado del Gobierno Regional, porque debe existir una verdadera evaluación de capacidades y producción laboral, que hasta ahora parece no existir, porque no es raro ver a los trabajadores nombrados esperar la hora de salida y abandonar raudos sus puestos de trabajo, mientras que los contratados se trasnochan para seguir con el trámite documentario.