Los Andes

A inicios de la presente gestión regional, luego de la juramentación de los consejeros regionales y la primera sesión de consejeros, un grupo de consejeros nativos estuvieron al margen del Reglamento Interno del Consejo (RIC), eran intrusos pese a que la población los eligió como sus representantes; se conformó, pues, una comisión para la elaboración del nuevo RIC y se fijaron plazos. Muchos discutieron sobre las bondades que deberían incluirse en el nuevo RIC, como por ejemplo que las decisiones tomadas en los consejos tengan carácter ejecutivo y no sean de índole recomendatorio o que simplemente sean quince sujetos anodinos con cero presencia legislativa y fiscalizadora; han pasado dos años desde que se conformó dicha comisión y a inicios del presente año los consejeros decidieron que se disuelva la primigenia comisión y se conforme una nueva para deliberar los entuertos que tiene el RIC que actualmente está en operatividad.

Entonces, los consejeros electos debido a la cuota nativa u originaria no tienen legitimidad para obrar, aunque sean legalmente representantes de sus comunidades. Sabemos que bajo el manto sagrado del ente electoral los consejeros legalmente reconocidos tienen los derechos que los enerva la ley, pero si esos consejeros no figuran dentro del RIC, entonces claramente están sufriendo un bullying representativo por parte de los consejeros que sí figuran como tal en el bendito documento de gestión interno. No podemos esperar que una mayoría sin legitimidad para obrar (aunque sean legalmente electos) continúen discriminando a los consejeros elegidos por la cuota de originarios o nativos; es más, el mismo ente electoral debería reglamentar la adecuada reestructuración de los RIC en todos los gobiernos regionales. Hoy los consejeros Walter Quispe, Eddy Uriarte, entre otros, son consejeros polizontes, lo que podría devenir en una forma de infracción al principio de equidad.

Sinceramente, el Consejo Regional actual tiene en su composición a elementos que no tienen interés por fiscalizar, proponer normas de desarrollo regional, establecer directivas coherentes para el cumplimiento ético institucional y esa es la razón por lo que la actual gestión liderada por Juan Luque Mamani se parece a un cofradía para delinquir y no para buscar el desarrollo de la región. A dos años de este gobierno regional, no podemos rescatar una sola obra de gran envergadura a pesar de que tienen en cartera más de 40 proyectos de gran inversión dejados por gestiones pasadas; solamente se han dedicado a administrar los recursos y malversar los fondos del Estado en contratos trasnochados y carentes de ética. El RIC debe y tiene que ser un instrumento de gestión convalidado conforme al número de consejeros reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones, caso contrario el bullying contra los consejeros nativos es evidente, por lo que este grupo de consejeros regionales postrados en el anonimato podrían recurrir a las instancias pertinentes y pedir la sanción para esa mayoría ladina.