Los Andes

La trata de personas es un delito penado por ley. En nuestro medio, esta forma de explotación de la persona humana se acentuó bajo el manto del padrinazgo, luego el trabajo hogareño y posteriormente en la turbidez malévola del secuestro para posteriormente hacerlas trabajar en lenocidios, cantinas de mala muerte o como damas de compañía en recónditos lugares donde los mineros informales son los principales clientes. Nuestra legislación penal establece que “el que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o cualquier beneficio; capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años�. Es por esta razón que todos los ciudadanos honestos y con espíritu de moral, debemos estar alertas ante esta forma de explotación y a la menor sospecha denunciar el hecho punible a las autoridades locales de turno.

Según reportes de la presidenta de la Junta de fiscales de Puno, al momento existen más de 60 casos de personas encausadas ante los tribunales correspondientes por ser identificados como tratantes de personas o por favorecer este ilícito penal, de los cuales, según se desprende de los actuados correspondientes, unas pocas personas podrían terminar con una sentencia firme de privación de la libertad, porque la mayoría de los casos pasarán a formar parte de la anécdota, teniendo en cuenta la deficiente investigación preliminar y la débil imputación con medios probatorios o simplemente porque las personas ultrajadas en su honor llegado el momento no quieren seguir con el proceso penal correspondiente (las víctimas alegan que son expuestas públicamente con sus declaraciones y la sola presencia del tratante, hace que tiemblen de miedo y prefieren dejar de operar como testigos).

Existen versiones oficiales proporcionadas por elementos policiales, donde enfatizan que las principales localidades donde las mafias de tratantes de personas operan con total impunidad están asentados en las minas La Rinconada, y otros asentamientos mineros, donde inclusive se ofertan los servicios sexuales de menores de edad de procedencia boliviana o brasileña, pero que no pueden intervenir por la carencia de apoyo logístico y el nulo apoyo de la población, entendiendo que los vecinos de esos antros de la perdición lograron convivir con este tipo de “negocio� y obtienen jugosas ganancias vendiendo licores de dudosa procedencia o simplemente alquilando cuartos sin las condiciones de salubridad. Entonces la labor de erradicación de estos lugares es sumamente dificultosa, por lo que la concientización de la población para con nuestros congéneres es lo primordial, a ello se debe sumar una repotenciación de los instrumentos de investigación criminal y laboratorios especializados adscritos al Ministerio Público; de lo contrario, seguiremos lamentando la proliferación de la trata de personas.