Los Andes

Vivimos en el país de las maravillas, qué duda cabe; la pulcritud del ciudadano honesto y transparente queda entre los anaqueles de los intereses y los rescoldos dorados del ambiente que nos rodea. En la administración pública existe y subsiste cierto grado de animal político y politizado, el renuente acceso a los lineamientos de la Ley Servir hace de los funcionarios públicos con el nominativo de “nombrados� en pequeños reyezuelos, sujetos que nadan en la infeliz vida de la opulencia y a la vez de la modorra existencial, algunos de estos ciudadanos que son servidores públicos tienen la osadía de infringir la ley y apelar a cualquier argumento con tal de salir librados de sus nubes negras (más negras que su propio comportamiento obsceno y obtuso, aunque se ufanen en el ambiente público de señores cabalmente formados) de esta realidad, los humanos somos susceptibles de cambios emocionales y ese cambio debería ser más liberado hacia el entendimiento de las necesidades del prójimo, pero no es así.

El Poder Judicial tiene una función constitucionalmente conferida: “Administración de justicia. Control difuso. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera- igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior�. Entonces parece que no se cumple el acceso a la justicia en nuestra nación, porque para los pobladores originarios de la Comunidad Chilla (provincia de San Román) la incursión de los agentes del orden a mansalva y con alevosía, dejó claro que para humildes ciudadanos con apenas instrucción primaria, no existe ley que los avale, en los videos propalados se pudo observar cómo supuestas gentes del orden agredía a una señora y como para colmo de males hubo detenidos por el solo hecho de defender sus territorios contra la proliferación de focos infecciosos y la basura, en conclusión no hubo justicia que valga, justicia chueca y obtusa.

No estamos hablando de otro sistema judicial probo y honesto, pero lo cierto es que en un caso donde el dinero a raudales es la pieza fundamental de un supuesto ilícito penal y los benditos hijos de la justicia herederos del gran César, dicta comparecencia simple para los parientes del asesinado exalcalde de la Provincia de San Román, existen diferentes comportamientos al momento de valorar las pruebas de los ilícitos penales invocados por el representante del ministerio público. Es parte de la justicia que a diario se irradia en los tribunales, donde un delincuente avezado y conspicuo es declarado inocente y la persona que reclama su derecho a la vida sana, a la salubridad pública es considerado un apátrida contrario al estado de derecho.