Fiscalía en política


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Escribe: GERMAN ALEJO APAZA | Opinión - 24 Apr 2017


Sorprende el pronunciamiento emitido por el Ministerio Público (Distrito Fiscal de Puno), en torno al juicio del “aimarazo”. Y es que aducen que ejercen sus funciones con autonomía, defienden la legalidad con objetividad e independencia, y presentan pruebas en los diversos procesos aplicando los mecanismos legales previstos en el Código Procesal Penal.

En el tercer párrafo del pronunciamiento hablan de versiones malintencionadas por personas con intereses “políticos”, que tendrían el propósito de desacreditar el trabajo de la fiscalía, utilizando una clara estrategia de “victimización”, con la finalidad de confundir a la opinión pública. La fiscalía insiste con que no coaccionaron a testigos y que tampoco les pagaron. Asimismo, acompañan el comunicado con una amenaza legal para las personas que declararon en ese sentido ante los medios de comunicación.

Al concluir la lectura del pronunciamiento del MP, uno termina con la sensación de haber leído un manifiesto de algún partido político en plena campaña electoral, pues lejos de una aclaración se nota más bien una animadversión institucional contra el investigado Walter Aduviri, porque lo mencionan de manera específica cuando la sociedad puneña sabe que en total son 18 los investigados.

Las supuestas aclaraciones de la fiscalía son bastante genéricas. Hubiera sido interesante que aclaren las versiones del testigo José Luis Palomino, quien dijo “sí” cuando fue preguntado si fue coaccionado por el fiscal que lo interrogó; hubiera sido interesante que aclaren qué pasó con el testigo Yony Charca Choque, llevado al juicio oral, sin que supiera nada del “aimarazo”.

Con el pronunciamiento “aclaratorio”, la fiscalía nos deja más dudas y despierta suspicacias respecto a las verdaderas intenciones en este juicio del “aimarazo”, al parecer políticas, pues uno no necesita ser abogado para exigirle al Ministerio Público un trabajo imparcial, porque de lo contrario estarían dando un mensaje muy negativo a la sociedad. Seamos claros: la fiscalía no puede tener su propio “partido” para enfrentar al otro partido.

Si se trata de aclaraciones, ¿cuándo dirán algo sobre el juicio perdido en el caso de las “videocámaras”?, ¿cuándo emitirán su pronunciamiento sobre la liberación de los presuntos invasores de la comunidad Mi Perú?, ¿cuándo circularán un comunicado aclarando sobre su investigación imprecisa en torno a las millonarias compras del entorno del “profe”? ¿Cuándo?


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