Los Andes

Esta semana nos llegó la grata noticia de que después de 5 años de proceso judicial por fin Oscar Mollohuanca, el exalcalde de la provincia cusqueña de Espinar, y dos dirigentes más de esa zona, habían sido absueltos en un proceso judicial que se les siguió bajo los cargos de disturbios, daños a la propiedad, entre otros.

Ante un proceso a todas luces injusto, sin mayores medios probatorios, con acusaciones basadas en supuestos y no en hechos objetivos, mucha gente naturalmente ha reaccionado reconociendo esta sentencia y afirmando que la justicia existe en el Perú. La misma sensación de satisfacción y de complacencia se ha sentido en los últimos meses cuando se han absuelto a casi un centenar de dirigentes y lideres sociales de Cajamarca, también procesados por delitos similares, curiosamente a raíz de su participación en procesos sociales análogos (recordemos los conflictos de Espinar y Conga), que igualmente tuvieron que sufrir varios años de proceso legal y que al final no se les probó nada. Cuánta gente no ha reivindicado la justicia peruana, cuando en mayo de este año Máxima Acuña y su familia fueron declarados inocentes nada menos que por la misma Corte Suprema del país, tras un juicio seguido por una empresa minera durante seis años, luego de admitirse que no existía ningún fundamento para acusarlos de actos delictivos.

Sí, la primera reacción no deja de ser esa sensación positiva de lo justo que sentimos expresado en estos fallos, mas si miramos en su conjunto el proceso, lo que ha significado, lo que ha costado, lo que ha restringido, cuánto ha afectado a cada una de las personas que lo han padecido, el resultado nos debiera ser indiferente.

Desde hace mucho tiempo venimos afirmando que existe una política de persecución y criminalización de líderes sociales impulsada por el gobierno de turno y las propias empresas privadas, política que se ejerce en especial contra líderes defensores de los territorios y el medio ambiente; este tipo de fallos no hace más que confirmar la existencia de la misma en su forma más perniciosa y nefasta; el objetivo de aplicarla no apunta tanto a la condena de estos líderes, ese resultado de hecho es poco probable porque de partida las acusaciones son irreales y sin sustento probatorio; el propósito más bien es otro y muy preciso, perseguir, hostilizar, neutralizar a estos líderes que se afirman en una resistencia contra un poder, en este caso ligado a lo económico, finalidad que sin duda se concreta durante estos largos, complejos, y difíciles procesos.

Cuánto tiempo dedican estos líderes a defenderse, cuánto significa esto en términos económicos, qué restricciones les impone la justicia durante las investigaciones, qué efectos moral y psicológicamente provoca esta carga no solo de manera personal para esta gente sino para sus familias que padecen conjuntamente este transe. Ello sin considerar un resultado mayor, relacionado al movimiento social y la secuela que genera en el mismo, que sin duda es un objetivo fundamental, porque no cabe duda que estos procesos tienen finalidad pedagógica.

No, definitivamente estas absoluciones no son la expresión de la justicia, son la confirmación de un hecho ilegal, injusto, del abuso de poder que se concreta en este Estado.
La democracia no debiera admitir este tipo de atentados, estos fallos de inocencia debieran cuestionar seriamente la vigencia de un Estado de derecho. Poner en evidencia y denunciar estos abusos, exigir que se repare estos atropellos debiera ser la otra forma de reacción del ciudadano.