¿Puede la democracia peruana sobrevivir a la corrupción?


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Escribe: Sonia Goldenberg | Opinión - 06 may 2018


En los últimos veinticinco años, el país ha progresado mucho. Perú acabó con una sangrienta guerra interna contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, resolvió conflictos con sus vecinos, superó la hiperinflación, se convirtió en una democracia relativamente estable y, a pesar de su situación actual, tuvo crecimiento económico sostenido y logró reducir la pobreza.

Después de casi veinte años de tratar de reconstruir su democracia, Perú todavía sigue luchando por encontrar una fórmula que le permita al gobierno funcionar sin corrupción. En los últimos años, una sucesión de presidentes peruanos están prófugos o en prisión. Y en la crisis política más reciente, Pedro Pablo Kuczynski, antes de cumplir dos años en la presidencia, se vio obligado a renunciar el miércoles 21 de marzo. Es hasta ahora la víctima de más alto perfil en la interminable progresión de escándalos que se ha extendido por toda América Latina.

Kuczynski no tuvo más remedio que dar un paso al costado tras la revelación de unos videos en los que aparecen funcionarios del gobierno ofreciendo sobornos a legisladores de la oposición en el Congreso para intentar evitar su destitución.

En el año 2000, videos grabados clandestinamente también ocasionaron el final abrupto del régimen autoritario de Alberto Fujimori, uno de los predecesores de Kuczynski. Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel en 2009 por violaciones a los derechos humanos y corrupción, fue liberado por un indulto presidencial en diciembre del año pasado como parte de un acuerdo para salvar la presidencia de Kuczynski. Pero esta vez, como Fujimori, Kuczynski no sobrevivió a los videos.

Y, sin embargo, pese a que los videos han arrojado luz sobre las transacciones turbias en las más altas esferas del poder en el Perú en las últimas décadas, la corrupción persiste. Ha sido más fácil expulsar o encarcelar a los presidentes que limpiar la política en el país.

Hace poco, Perú fue el anfitrión, con Martín Vizcarra a la cabeza —el exvicepresidente de Kuczynski— de la Cumbre de las Américas, en la que participaron los jefes de Estado de los países de América, incluido el representante de Estados Unidos. No fue una sorpresa que los grandes temas de la reunión hayan sido mejorar la gobernabilidad democrática y el combate a la corrupción.

¿Puede una democracia sobrevivir y tener éxito en derrotar a una corrupción omnipresente? ¿Podrá la democracia del Perú desarrollar un sistema judicial lo suficientemente fuerte e independiente como para enfrentar el problema? Y si no, uno podría preguntarse: ¿por qué molestarse en celebrar elecciones que les dan a los políticos licencia para defraudar a los electores?

El modo en el que Perú resuelva esta crisis será crucial para América Latina, donde los sobornos a presidentes, ministros y candidatos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos públicos han desatado un escándalo que recorre el continente. Este año, mientras que la desilusión a la democracia aumenta, se llevarán a cabo elecciones decisivas en la región.

El drama que atraviesa Perú es un buen ejemplo. La corrupción está profundamente arraigada en la historia del país. Durante casi tres siglos de dominio colonial, el oro y la plata de los Andes fueron enviados a España. En 1821, en medio de una larga guerra que devastó el país y lo dejó en bancarrota, se declaró una república independiente con grandes sueños y aspiraciones. Pero desde el comienzo, en la construcción de los ferrocarriles y en la explotación de sus nuevas riquezas —como el guano de las islas y el caucho de la selva—, el país vio cómo su esplendor económico se desvanecía y dilapidaba rápidamente en un pantano de corrupción.

Más recientemente, el expresidente Alejandro Toledo está prófugo de la justicia en Estados Unidos. Ollanta Humala, otro expresidente, salió recientemente de la cárcel mientras se le investiga por cargos de corrupción. Y la hija de Alberto Fujimori, Keiko, cuyo partido político, Fuerza Popular, obtuvo la mayoría en el Congreso peruano e instrumentó desde el principio la destitución de Kuczynski, está en investigación por corrupción y lavado de dinero. Ella también quiere ser presidenta y en la contienda electoral de 2016 fue derrotada por Kuczynski con una diferencia estrecha.

¿Deberíamos perder la esperanza? No lo creo, porque en los últimos veinticinco años el país ha progresado mucho. Perú acabó con una sangrienta guerra interna contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, resolvió conflictos con sus vecinos, superó la hiperinflación, se convirtió en una democracia relativamente estable y, a pesar de su situación actual, tuvo crecimiento económico sostenido y logró reducir la pobreza.

¿Por qué erradicar la corrupción ha sido tan difícil? Las recetas para un buen gobierno y las estrategias contra la corrupción se conocen desde hace tiempo, pero su aplicación ha fallado estruendosamente.

Un tema clave es que la falta de control sobre el financiamiento ilegal de las elecciones presidenciales, combinado con las estructuras extremadamente endebles de los partidos políticos, ha convertido a las campañas electorales en una vía fácil para que algunos aventureros recién llegados a la política se hagan millonarios incluso antes de conquistar el poder. Los candidatos presidenciales en el Perú han sido financiados por Venezuela y Brasil, y el financiamiento de este último llegó a través de la asignación de contratos de infraestructura pública a empresas de construcción brasileñas seleccionadas previamente. Con ese mecanismo puesto en marcha, no debe extrañarnos que los peruanos sigan eligiendo a mercenarios como presidentes.

Ya hemos estado antes en esta situación. La corrupción se generalizó en la década de los noventa bajo el mandato de Alberto Fujimori. Su principal asesor, Vladimiro Montesinos, el infame jefe de los servicios secretos, corrompió a todo el espectro de la sociedad peruana sobornando a políticos, banqueros, empresarios, jueces, militares y periodistas a los que grababa en el acto, mientras hacía pirámides grotescas de dinero en efectivo y los extorsionaba. Cuando las cintas se exhibieron por la televisión en horario estelar se creó una comisión gubernamental formada por figuras respetadas para diseñar una estrategia exhaustiva y vigorosa contra la corrupción.

Irónicamente, el sucesor de Fujimori, Alejandro Toledo, cuya candidatura se centró en acabar con la corrupción, antes de llegar a la presidencia robó dinero de campaña donado por George Soros. Más adelante le pidió al representante de Odebrecht en el Perú un soborno de 35 millones dólares, de los que obtuvo tan solo 20 millones, y creó una nueva maquinaria de corrupción.

Hace una década, como ministro de Economía y Finanzas y primer ministro durante el gobierno de Toledo, Kuczynski supervisó un sistema que produjo el sobreprecio de las obras públicas. La compañía de Kuczynski tuvo contratos con Odebrecht mientras era servidor público.

¿Qué sigue ahora? Todavía no está claro si Kuczynski enfrentará cargos, pero está bajo investigación y el poder judicial ha allanado sus viviendas y le ha impedido salir del país. Su sucesor, Martín Vizcarra, quien tiene un récord público limpio, tendrá mucha presión para poner en práctica una estrategia efectiva que combata la corrupción.

Pero su posición es débil: Vizcarra será el nuevo mandatario hasta 2021, pero tendrá que ejercer su cargo con un congreso dominado por el partido de Keiko Fujimori.

El combate contra la corrupción requiere de instituciones sólidas y un liderazgo fuerte, y ninguno de los dos existen hoy en Perú. Muchos de los políticos con el poder e influencia para reformar el sistema han sido acusados de malos manejos en el pasado. Figuras clave en los sectores público y privado también se han beneficiado del sistema de corrupción imperante. Ellos son los más interesados en mantener el statu quo. ¿Ellos van a impulsar la necesaria reforma política que podría llevarlos a la cárcel?

Quizás la única ventaja que tiene Vizcarra es que, según las últimas encuestas, el Congreso de Perú es la institución más desacreditada y corrupta. Si logra movilizar la opinión pública para respaldar una campaña anticorrupción, podría obligar a los legisladores a apoyar algunos cambios por temor a ser expuestos. Vizcarra es un presidente accidental. El hecho de que nunca aspiró a ese cargo podría ser su arma política más poderosa.


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