Los Andes

1.- El Congreso de la República ha aprobado en la sesión del martes 18 de mayo, la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas, por 61 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones, lo que determina que los pueblos indígenas u originarios, deben ser consultados, antes de aprobarse normas legislativas, administrativas, programas, planes y proyectos de desarrollo que los puedan afectar.

Este proyecto de ley se hace en aplicación de los compromisos que ha asumido el Estado peruano en su condición de firmante el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado inicialmente en la Conferencia General de la OIT, llevada a cabo el 7 de junio de 1989, en Ginebra, Suiza.

El Perú lo ratificó el 2 de febrero de 1994, por lo que desde ese entonces, se encontraba obligado a cumplirlo, sin embargo estaba pendiente la ley que reglamente la forma y los procedimientos a seguir para implementar las consultas previas a los pueblos indígenas.

Según el Convenio 169 de la OIT, los estados se obligan a llevar adelante consultas previas a los pueblos indígenas cada vez que se prevea aprobar medidas legales o administrativas que puedan afectar los intereses y la vida de los pueblos y comunidades indígenas u originarios.

Estas consultas deben ser hechas utilizando medios apropiados, que sean idóneos para conocer la opinión, aprobación o desaprobación de los pueblos indígenas, los que deben garantizar plena libertad de ellos, para expresar sus opiniones sobre los asuntos materia de consulta.

Los procedimientos de consulta deben ser efectuados de buena fe, y en forma apropiada para lograr el acuerdo o aprobación sobre las medidas propuestas.

2.- A raíz de los suceso de Bagua, del 5 de junio del 2009, donde murieron 34 peruanos, la mayoría de ellos policías, asesinados estando en condición de sometidos, sin mayores posibilidades de defensa, se trajo a debate la necesidad de la aprobación de esta ley reglamentaria sobre las consultas.

Ante las expresiones de rechazo o cuestionamiento a la construcción de la Central Hidroeléctrica del Inambari, con una represa de 410 kilómetros cuadrados que afectaría el medio ambiente de una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, como es la selva del Parque Nacional del Bahuaja Sonene en el departamento de Puno, y que se extiende a Cusco, Madre de Dios y a Bolivia, por parte de las comunidades indígenas, el Poder Ejecutivo del gobierno de Alan García Pérez, remitió un proyecto de ley, que establecía, que no sería necesario, hacer dichas consultas cuando se trate de proyectos, que interesen al país en su conjunto.

La consultora EGASUR, pretendería cuestionar, la condición de pueblos indígenas u originarios, de las poblaciones que viven en las áreas donde se construiría la Central Hidroeléctrica del Inambari y su represa, bajo el argumento que dichos habitantes son migrantes, por lo que no estarían amparados por el Convenio 169 de la OIT.

El Poder Ejecutivo ha demorado 15 años, en someter un proyecto de ley que reglamente el Convenio 169 de la OIT, el Congreso de la República, ha demorado más de un año en debatirlo y aprobarlo, por lo que teniendo el cuenta el proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo por el cual se pretendía no implementar consultas “cuando se trate de asuntos de interés general, nacional”, es previsible que lo observe, o no promulgue, para demorar o impedir la entrada en vigencia de la ley aprobada.

3.- La aprobación por parte del Congreso de la República, ha sido saludado por diferentes organizaciones, varias Municipalidades distritales y provinciales de Piura y Cajamarca, por AIDESEP, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería, la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación de Nacionalidades del Perú (CONAP), las que están exigiendo la pronta promulgación por parte del Poder Ejecutivo y la consiguiente publicación en el diario oficial El Peruano, para su entrada en vigencia.

Este proyecto de ley aprobado, es un avance en la búsqueda de un modelo de desarrollo compatible, con el respeto y protección de la biodiversidad y el medio ambiente.

En el mundo habitamos 6,500 millones de seres humanos, donde sólo unos 400 millones, viven en situación de riqueza y abundancia, mientras que el 6,100 millones restantes, lo hacen en situación de pobreza o extrema pobreza.

Si todos los 6,500 millones de habitantes del mundo alcanzáramos el nivel de vida de los 400 millones de ricos, el mundo y la naturaleza colapsarían, sin remedio, por lo que es necesario encontrar un modelo de desarrollo que algunos le llaman del “buen vivir”, donde la felicidad no se mida por la riqueza de bienes materiales, sino por el grado de bienestar y satisfacción de la persona humana, la preservación y respeto a la naturaleza y el medio ambiente, la protección de la biodiversidad, que deben ser patrimonio de toda la humanidad, de las generaciones presentes y futuras.

El consultarles en forma previa a los pueblos indígenas u originarios, es una forma de respeto al derecho que tienen, por haber vivido en contacto con la naturaleza durante decenas de años, el reconocerles este derecho, no solo es un acto de justicia hacia ellos, sino una forma de reconocer para que el futuro sea mejor para todos, necesitamos y tenemos que incluir a los pueblos indígenas u originarios.

Exijamos la pronta promulgación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos y Comunidades Indígenas u Originarias, rechacemos una probable observación o no promulgación.