Los Andes

Para empezar este análisis, debo confesarles que durante los años 1966 a 1970, trabajé en varias empresas mineras, tales como Cía. Minera Corani, S. A., ubicada en el distrito del mismo nombre, en la jurisdicción de la provincia de Carabaya, luego en la Cía. Minera Palca y Pomasi Silver Mining Company, ambas ubicadas en la provincia de Lampa.

En esos tiempos no existían leyes para la conservación y preservación del medio ambiente, por lo tanto no había ninguna obligación de las empresas mineras para cumplir con esta responsabilidad y las autoridades no exigían este requisito para las concesiones mineras y tampoco habían normas que obligaban a la consulta previa a los propietario o comunidades donde se desarrollaban las minas. En ese entonces, es decir hasta los años 70, las empresas mineras, contaminaban todo el entorno donde estaban ubicadas. Esta contaminación consistía básicamente en las siguientes prácticas:

a) Libre circulación de relaves provenientes de las plantas concentradoras, con contaminantes tóxicos en base a reactivos químicos utilizados en la flotación de minerales. Estas aguas altamente contaminadas discurrían libremente por los terrenos aledaños causando daños y desembocando en los ríos, convirtiendo las aguas de estos ríos en elementos venenosos nocivos para el consumo y el riego.

b) Derrames de residuos de aceites, lubricantes y otros combustible utilizados en las casas de fuerza, que discurrían hacia los terrenos aledaños a las minas, contaminando y convirtiendo dichos terrenos en áreas inservibles, con grave perjuicio para los habitantes de dichas zonas.

c) Emanación de humos, sin ningún control de los motores y otras maquinarias que se utilizan en las actividades mineras.

d) Contaminación del ambiente, por la cantidad de heces desparramadas en los terrenos aledaños a las minas, por falta de construcción de silos o baños.

e) Proliferación de cementerios clandestinos

f) Construcción de trochas carrozables sin planificación y afectando propiedades.

En resumen, antiguamente las empresas mineras constituían un serio problema para las comunidades y la población en general, porque afectaban negativamente, alterando el ecosistema, con graves perjuicios para los habitantes de las zonas donde se establecían estas empresas.

Sin embargo hoy en día, existen normas legales de cumplimiento obligatorio, para evitar todos los males que hemos enumerado y existen además disposiciones que permiten la consulta previa a los propietarios de los terrenos donde se efectúan las explotaciones mineras, pero pese a la existencia de estas normas, actualmente hay “empresas� mineras o mejor dicho mineros informales y artesanales que vienen ejerciendo las mismas prácticas antiguas, es decir contaminando el medio ambiente y con mayor peligrosidad, dado que utilizan reactivos y sustancias químicas aún más nocivos. Estas mineras informales y artesanales que a la fecha vienen contaminando toda la cuenca de Río Ramis y consecuentemente el Lago Titicaca, no piden permiso a nadie, no pagan impuestos, no pagan canon, no cumplen con ninguna responsabilidad social, no aseguran a su personal, es decir, actuando al margen de la ley, son amos y dueños de las tierras que usurpan y se creen con el derechos de contaminar el ambiente, sin que ninguna autoridad, local, regional y menos nacional pongan freno.

En este escenario, es preciso determinar que el Perú en general y el departamento de Puno en particular, tienen todo el derecho de utilizar sus recursos naturales y especialmente los metales que existen en su territorio, para cuyo efecto es necesario que se establezcan empresa mineras formales que actúen dentro de las normas legales y cumplan con los mínimos siguientes requisitos que se enumeran a continuación:

a) Consulta previa a los legítimos propietarios de los terrenos conde se exploten las minas y respeto a la propiedad privada y/o colectiva.

b) Acatamiento de todos los requisitos para conservar y preservar el medio ambiente, evitando los males que hemos citado en este comentario, cumpliendo para tal efecto con el tratamiento de relaves, humos, residuos de lubricantes y todas las normas relativas al cuidado del medio ambiente.

c) Pago del canon minero, de acuerdo a lo establecido en las normas legales.

d) Pago de todos los impuestos y aportaciones, tales como el IGV, Renta, ESSALUD y cualquier otro tributo de carácter local, regional y nacional.

e) Realicen obras sociales en beneficio de la comunidad donde explotan las minas, como la construcción y mantenimiento de vías asfaltadas, construcción y mantenimiento de un hospital de 2do Nivel, construcción y mantenimiento de Centros Educativos. Para ese efecto el estado peruano debe dictar normas que permitan como gastos deducibles para efectos tributarios, los desembolsos que se ocasionen en estas obras sociales, de tal manera que las poblaciones y comunidades donde hayan explotaciones mineras no solo se beneficien con la distribución del canon minero, sino también con obras directas efectuadas por parte de las empresas mineras.

f) Proporcionar empleo en mano de obra a los habitantes de la provincia, distrito y comunidad donde funcionen las empresas mineras, siempre que dichos habitantes lo soliciten voluntariamente y la empresa cumpla con las normas laborales.

g) Además de las obras sociales que se mencionan en el punto e) las empresas mineras deben solventar los gastos de mantenimiento y mejoramiento de suelos y tierras de cultivo de las comunidades aledañas, así como deben solventar con los gastos de mantenimiento y mejora de ganados y pastos naturales en la comunidades sonde operan, para lo cual deben formalizarse convenios contractuales de cumplimiento obligatorio.

h) Debe constituirse una comisión permanente de vigilancia y control del cumplimiento de las normas legales referidas a la conservación y preservación del medio ambiente, así como de los convenios contractuales suscritos con las comunidades, a fin de que las empresas mineras cumplan a cabalidad con sus compromisos. Dicha comisión debe estar conformada por un representante del Gobierno Regional, un representante del Gobierno Local, un representante del Ministerio de Energía y Minas y uno o dos representantes de la Comunidad donde operan, con poderes de decisión en caso de detectarse anormalidades por parte de la empresas mineras.

Este es el escenario donde deben operar las empresas mineras formales, sin embargo con asombro y reocupación vemos que las actuales paralizaciones y los alegatos que vienen sosteniendo los responsables de estas acciones, no se refieren en absoluto a las mineras informales y artesanales, quienes son los actuales contaminadores del medio ambiente y que además vienen operando en su mayoría al margen de la ley. Algo más preocupante es el discurso de algunos dirigentes que abiertamente manifiestan lo siguiente: “Rechazamos las concesiones extranjeras, pero sí apoyamos a los hermanos mineros artesanales�.

¿Quiere decir entonces que estas huelgas que vienen perjudicando al departamento de Puno, es en contra las empresas mineras formales y legales que no contaminan el medio ambiente, y en apoyo a las mineras informales y artesanales que sí contaminan el medio ambiente?

Si esto así, entonces estamos frente a una maniobra política, interesada y financiada probablemente por las mineras informales y artesanales que no quieren que exista una minería formal, legal y responsable, para que ellos puedan continuar contaminado y actuando al margen de la ley.

Es tiempo que se aclaren las cosas y los instigadores a estas paralizaciones deslinden responsabilidades, de lo contrario, el tiro les puede salir por la culata, pues la gente del campo no es tonta como creen y se van dando cuenta que de por medio hay intereses particulares y políticos y en cualquier momento se cansan de continuar siendo utilizadas.

Mientras tanto el ególatra Alán García, no quiere saber nada con los problemas que suceden en el departamento de Puno y está feliz cantando y bailando en Lima y engañando al pueblo con el cuento del crecimiento más que Chile, no hay duda es un mentiroso perverso.

La excesiva demora por parte de Alan García en derogar el Decreto Supremo 083-2007-AG, que viola y vulnera groseramente el Artículo 71 de la Constitución, que consagra que dentro de los 50 kilómetro de las fronteras no pueden operar empresas extranjeras, viene ocasionando daños irreversibles al departamento de Puno.

En las manos de Alan García y sus allegados esta la solución de este problema y además ellos saben que la derogatoria de este Decreto Supremo no afectará en absoluto el desarrollo del País y menos del departamento de Puno, porque no todas las concesiones mineras se hacen necesariamente en las fronteras y saben también que si proceden con esta derogatoria, se desvanecen definitivamente los argumentos que hoy esgrimen los huelguistas, pero como siempre el gobierno de Alan García está esperando que ocurra algún acontecimiento terrible, para recién proceder con esta derogatoria.