Alberto Quintanilla: Los sueldos PNUD, no son botín


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Escribe: Alberto Quintanilla Chacón | Política - 01 Mar 2015


La contratación de asesores y funcionarios para el Gobierno Regional de Puno, con los llamados fondos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), ha devenido en una suerte de botín, del cual se creen con derecho a repartirse los allegados del Presidente de la Región, Juan Luque Mamani, sin importarles la finalidad con que fueron creados.

El Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG-PNUD), más conocido como “Programa PNUD”, fue creado mediante Decreto Ley 25650, el 24 de julio de 1992, por el Gobierno de facto de Alberto Fujimori, para “financiar los gastos de personal que preste servicios técnicos y profesionales altamente calificados de carácter temporal”.

El 24 de noviembre del 2011 se promulgó la Ley 29806, reglamentada por el DS 032-2012-EF, regulando la contratación de personal altamente calificado, dentro de ellos los del FAG-PNUD, que deberán tener como mínimo un título profesional, o grados académicos, maestrías o doctorados, altamente calificados y con gran experiencia.

Los fondos con los cuales se pagan a estos “profesionales altamente calificados” del FAG-PNUD, son dineros del estado peruano, administrado por el PNUD, que cobra una comisión de 3.5%, a cada uno de los 25 gobiernos regionales, aunque inicialmente se les daba S/. 30,000 mensuales, luego se incrementó hasta S/. 80,000 mensuales, que es el monto que actualmente reciben.

Con esta forma de contratación del estado, los gobiernos de Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, han buscado evadir las restricciones presupuestales para la contratación de funcionarios de alto nivel, así como los topes salariales, por lo que promulgaron varias normas que enredan más los regímenes laborales estatales.

Esta maraña de regímenes laborales fomentan la discriminación y los privilegios a minorías de funcionarios, así como estimulan la corrupción en el estado peruano, servidores del Parlamento, BCR, MEF, SERVIR, CONACEV, FAG, PNUD, etc.

La contratación de los profesionales “altamente calificados” con estos fondos, es facultad exclusiva de los titulares de las instituciones beneficiadas, Ministros de Estado, Presidentes Regionales, etc.

El manejo de estos fondos, con el paso del tiempo, se ha ido desvirtuando, hasta el extremo de que el actual Presidente de la Región de Puno, el Doctor Juan Luque Mamani, estaría siendo presionado o tentado para repartirlos, prescindiendo de todo criterio técnico profesional y dejando de lado las razones de su creación, entre sus más cercanos allegados, como si fuera un “botín”.

Estas contrataciones de “profesionales altamente calificados” se hacen al margen de las restricciones legales, o medidas de austeridad pública, y vienen creando una serie de disputas, sobre todo en algunos Gobiernos Regionales, con las consiguientes denuncias legales por supuestos manejos irregulares o hechos de corrupción.

El Fondo de Apoyo Gerencial debe ser manejado en forma responsable, porque son fondos de todos nosotros, son dineros aportados por el estado peruano, para que sean administrados por el PNUD; son dineros nuestros, por cuya administración el PNUD nos cobra el 3.5%.

Los asesores “PNUD” tienen que cumplir requisitos legales como políticos, como lo establece la Ley 29806, Decreto de Urgencia 051-2011, reglamentado por el Decreto Supremo 016-2012-EF, entre otras.

Entre los requisitos, se requiere que los “asesores” tengan como mínimo título profesional, y/o grado académico de maestría o doctorado, experiencia en la materia o actividad requerida, y no estar inhabilitado para ejercer función pública.

Se señala textualmente: “Corresponde a la entidad pública que solicite la contratación de los profesionales altamente calificados verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, bajo responsabilidad” (subrayado mío).

El artículo 3 del Decreto Ley 25650, del 24 de julio de 1992, que crea el FAG, señala que “El Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, permitirá financiar los gastos de personal que preste servicios técnicos y profesionales altamente calificados de carácter temporal. Dicho personal no debe tener ningún vínculo laboral con alguna entidad del Estado, estar con licencia o en uso de vacaciones”.

Además de encargarle al PNUD la administración de este fondo, hay un comité de administración del mismo que ya habría hecho observaciones a varios de los asesores propuestos por Juan Luque Mamani.

Por la forma como está manejando éste el nombramiento de los “asesores PNUD”, se corre el riesgo de que al Gobierno Regional de Puno le corten el uso de estos fondos para la contratación de asesores, ya que gran parte de los propuestos no cumplen los requisitos ni la finalidad para la cual se creó este fondo, porque además se estaría incurriendo en una presunta comisión de delitos, malversación, colusión, u otros, vinculados a corrupción.


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